La justicia se impone: seis años de inhabilitación y suspensión de ciudadanía para el exedil tras un escándalo de corrupción
SPS, Cortés.-. Un nuevo capítulo oscuro en la historia de la corrupción en Honduras se escribe con la condena definitiva contra el exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Augusto Padilla Sunseri, quien fue hallado culpable de un delito de prevaricato administrativo en perjuicio de la administración pública del país. El Juzgado de Ejecución Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula rechazó la solicitud de aplicación del Decreto Legislativo N°04-2022, que buscaba evadir su condena, y notificó a su defensa la denegación de la misma.
La decisión judicial tiene un peso importante, ya que la pena principal impuesta a Padilla Sunseri es la inhabilitación especial para ejercer cualquier empleo o cargo público —ya sea por nombramiento o elección popular— durante un lapso de seis años, lo que significa que el exalcalde no podrá acceder a ningún puesto relacionado con la administración de bienes públicos o privados.
Este escándalo viene de lejos. El exfuncionario fue condenado tras un largo proceso judicial que incluyó la reversión de una sentencia absolutoria que le había sido favorable en 2017. El Tribunal de Sentencia, en un giro sorprendente, había absuelto a Padilla Sunseri de cargos de malversación de fondos públicos, pero la justicia no tardó en reaccionar y revocar esa decisión al aplicar el Código Penal N°130-2017, que contempló el prevaricato administrativo como un delito penal grave.
Lo más alarmante es que la pena accesoria también es durísima. Padilla Sunseri no solo se enfrenta a la inhabilitación pública, sino que también deberá cumplir con la suspensión de su ciudadanía durante el tiempo que dure la pena principal, lo que implica que estará totalmente excluido de los derechos cívicos mientras se resuelve su condena.
El proceso judicial comenzó a ejecutarse de manera formal en 2023, cuando el Juzgado de Ejecución Penal notificó a la defensa del condenado y, de manera simultánea, giró el oficio correspondiente al Consejo Nacional Electoral (CNE), para que tomara las medidas pertinentes con respecto a la inhabilitación del exalcalde.
Este caso resalta las graves fallas en la administración pública y pone de manifiesto el uso indebido de los recursos del Estado. La justicia parece estar empezando a ponerse del lado de los hondureños que exigen un fin a la impunidad y un control más estricto de la corrupción. Sin embargo, la pregunta queda en el aire: ¿Será este el principio del fin para más figuras políticas corruptas en el país?
