ICE pasa de agencia técnica a brazo central de la política migratoria de Trump
El endurecimiento de las deportaciones dispara el poder, presupuesto y alcance del organismo federal.
Redadas, detenciones rápidas y deportaciones aceleradas marcan el nuevo rostro de la política migratoria de Estados Unidos. En el centro de esa estrategia se encuentra el ICE, una agencia que en los últimos meses ha ganado un protagonismo sin precedentes bajo el segundo mandato de Donald Trump.
El fortalecimiento del organismo no es menor. Su presupuesto se multiplicó casi por cuatro, permitiéndole ampliar su estructura, acelerar la contratación de agentes y expandir su presencia operativa dentro y fuera del país. Hoy, el ICE opera con más de 22 mil empleados distribuidos en cientos de oficinas, una cifra que duplica su capacidad de años anteriores.
Este crecimiento ha ido acompañado de una línea de acción más agresiva. Operativos masivos en centros de trabajo, comercios y comunidades migrantes se han vuelto frecuentes, especialmente en ciudades santuario, donde las autoridades locales han chocado con la política federal.
Aunque el ICE mantiene que su función es combatir delitos como la trata de personas y el contrabando transnacional, organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que la agencia ha pasado a ser el instrumento principal de una política de deportaciones masivas, con denuncias recurrentes de discriminación racial y abusos de poder.
Uno de los puntos más cuestionados es la ampliación de facultades operativas, que permite detenciones y expulsiones sin supervisión judicial directa, reduciendo las garantías legales para los inmigrantes en situación irregular.
Con más recursos, más agentes y mayor margen de acción, el ICE se consolida como una pieza clave del enfoque migratorio de línea dura impulsado desde la Casa Blanca, reavivando el debate sobre seguridad, derechos humanos y el papel del Estado frente a la migración.
