En los primeros once días del año 2025, al menos una docena de mujeres y defensoras de los derechos humanos de la mujer han sido asesinadas en Honduras, un reflejo alarmante de la violencia sistemática que sigue acechando a las mujeres en el país.

Organizaciones locales e internacionales, así como defensores de los derechos humanos, han calificado este fenómeno como un reflejo del contexto de impunidad y el riesgo que implica ser mujer en una nación marcada por altos índices de violencia de género.

Las víctimas de estos crímenes, muchas de ellas activistas que luchaban por la justicia social y los derechos de las mujeres, han enfrentado no solo el peligro inherente a su labor, sino también la violencia feminicida que continúa azotando a la sociedad hondureña. En lo que va de este 2025, los asesinatos se han sucedido con rapidez, lo que genera preocupación y repudio tanto dentro como fuera del país.

Según informes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras, en lo que va del mes de enero, las mujeres asesinadas incluyen activistas comunitarias, defensoras del medio ambiente, trabajadoras de organizaciones de derechos humanos, y mujeres que simplemente se han visto atrapadas en la violencia estructural que afecta al país. La organización denuncia que el feminicidio es un fenómeno cada vez más evidente, con una impunidad que supera el 95% de los casos, lo que contribuye a la perpetuación de la violencia.

Para las defensoras de los derechos de las mujeres, el contexto de violencia y discriminación que enfrentan a diario se ha vuelto aún más peligroso. «Ser mujer en Honduras es un riesgo constante. No solo enfrentamos la violencia estructural que nos limita en todos los ámbitos de la vida, sino que también corremos el riesgo de ser asesinadas por el simple hecho de exigir nuestros derechos», expresa una representante de la Red de Defensoras.

El año 2024 cerró con un saldo de más de 300 mujeres asesinadas, cifra que refleja un patrón de violencia que no da tregua, pese a los esfuerzos de organismos internacionales y grupos de la sociedad civil por erradicar la violencia de género. La falta de un sistema judicial que ofrezca respuestas rápidas y efectivas ante los casos de feminicidio, y la lentitud en las investigaciones, agravan aún más la situación, dejando a las mujeres en una vulnerabilidad extrema.

El fenómeno de la violencia feminicida no es aislado, sino que se enmarca dentro de una serie de problemas estructurales que afectan a las mujeres en Honduras, tales como la pobreza, la falta de acceso a servicios de salud adecuados, la exclusión social y la falta de políticas públicas eficaces para su protección. A menudo, las mujeres que denuncian agresiones o que trabajan en la defensa de sus derechos se enfrentan a amenazas, intimidaciones e incluso violencia directa, que a veces culmina en su asesinato.

El hecho de que tan solo en 11 días de 2025 ya se haya registrado una docena de asesinatos pone de manifiesto lo urgente que resulta abordar esta crisis de violencia contra las mujeres. Grupos feministas, defensoras de los derechos humanos y activistas continúan exigiendo al gobierno hondureño medidas inmediatas para frenar esta espiral de violencia, incluyendo el fortalecimiento de los sistemas judiciales, políticas públicas de prevención de la violencia y mecanismos de protección para las defensoras y activistas.

En un país donde la violencia de género se ha vuelto una norma cotidiana, las mujeres continúan luchando por un espacio seguro en la sociedad, un derecho básico que aún les es negado. Como señalan las defensoras de derechos humanos, ser mujer en Honduras es peligroso, y nacer mujer en este contexto es, en muchos casos, sinónimo de exposición a la violencia y la muerte. La sociedad y el Estado tienen la responsabilidad de romper este ciclo de violencia y garantizar que las mujeres puedan vivir y defender sus derechos sin temor a ser asesinadas.

En solo los primeros seis días del año, Honduras ha sido sacudida por una alarmante ola de feminicidios que no muestra signos de cesar. Al menos 15 mujeres han perdido la vida de manera violenta, en un promedio aterrador de más de dos asesinatos diarios, según los datos proporcionados por Dalila Flores, representante del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla. Este desgarrador panorama evidencia la total falta de protección y respuesta efectiva para las mujeres en el país.

Flores, quien ha monitoreado de cerca esta tragedia, declaró con preocupación: “Los feminicidios siguen aumentando en nuestro país. Estos datos reflejan una realidad aún más cruel de lo que se ve a simple vista, ya que las cifras oficiales podrían ser mucho mayores debido a los subregistros”. Las estadísticas que reportan las autoridades no corresponden con la magnitud del problema. Mientras las mujeres mueren a manos de la violencia machista, las cifras oficiales parecen estar desconectadas de la cruda realidad que viven cada día las mujeres hondureñas.

Pese a que Honduras cuenta con una mujer en la presidencia, la violencia de género parece haber empeorado, con un gobierno que se ve incapaz de frenar esta masacre. La activista subrayó que, aunque 2024 cerró con una disminución de feminicidios (216 en total), en comparación con los 380 de 2023, la realidad sigue siendo espantosa y los esfuerzos para frenar esta ola de violencia han sido ineficaces. La falta de investigaciones profundas y el escaso avance en los casos de feminicidio solo alimentan la impunidad, dejando a las víctimas y sus familias sumidas en el dolor, sin justicia.

Mientras tanto, los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Olancho siguen siendo los más afectados, concentrando la mayor cantidad de feminicidios. Estos territorios, bajo el control de la criminalidad y la inseguridad, siguen siendo los lugares más peligrosos para las mujeres. En medio de este caos, el 6 de enero, la muerte de una joven vendedora de golosinas en Yusguare, Choluteca, causó conmoción. La joven fue asesinada por un grupo de hombres armados, quienes también dispararon contra su madre, dejándola gravemente herida. Un caso más en una larga lista que refleja la brutalidad de la violencia de género en Honduras.

A pesar de que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha decretado el Estado de Excepción en varias regiones del país, la situación no ha mejorado. Las calles siguen siendo terreno fértil para los criminales, y las mujeres continúan siendo las principales víctimas de esta guerra sin fin. El gobierno parece estar dando palos de ciego, sin medidas efectivas que protejan realmente a las mujeres y sin un enfoque claro para erradicar la violencia machista.

El Estado de Excepción, que se supone debe ser la solución a la creciente violencia, ha demostrado ser un fracaso rotundo. Las fuerzas de seguridad siguen sin dar respuestas claras, y las estadísticas oficiales continúan sin coincidir con la gravedad de la situación. Mientras tanto, las mujeres hondureñas siguen siendo víctimas de un sistema de justicia y seguridad que las ha dejado desprotegidas, sin voz y sin esperanza.

Con cada día que pasa, el futuro de las mujeres en Honduras se ve más sombrío. Y mientras el gobierno se enfoca en medidas de control social que no abordan el problema de fondo, las mujeres siguen pagando con su vida el costo de la criminalidad que arrasa con el país.