Fiscalía presenta cargos por fraude y delitos electorales en contratación de transporte electoral
El Ministerio Público acusa a varios funcionarios y representantes de empresa por irregularidades en el proceso de contratación de transporte para el material electoral, incluyendo fraude y falta de cumplimiento en los requisitos establecidos..
Tegucigalpa, Honduras- El fiscal general de la República, Johel Antonio Zelaya, informó este lunes que el Ministerio Público ha presentado requerimientos fiscales contra varias personas por delitos electorales relacionados con la contratación irregular de transporte para el proceso electoral.
Entre los acusados se encuentran Joel Ramos García, excoordinador del proyecto de transporte electoral, así como Raúl Amílcar Rivera Montoya, Denis Emilio Hércules Rosa, Juan Carlos Canales Lobo, y José Martín Pastrana Sánchez, miembros de la Comisión Evaluadora para la Contratación del Transporte de Material y Equipo Electoral. También fue imputado Carlos Salomón Fonseca Robles, representante de la empresa Ingeniería Logística.
Las investigaciones apuntan a que Ingeniería Logística, la empresa seleccionada para realizar el transporte electoral, no cumplía con los requisitos básicos de idoneidad establecidos en el proceso. A pesar de no contar con la flota necesaria para realizar el transporte de materiales y equipos —que incluía 143 furgones, 497 camiones y 82 camiones livianos— la empresa fue contratada, disponiendo únicamente de 10 cabezales y dos camiones. Esta deficiencia, junto con otros detalles irregulares, ha generado serias dudas sobre la capacidad de la empresa para cumplir con el contrato.
Además, se reveló que Joel Ramos García había solicitado inicialmente una suma de 43 millones de lempiras para el proyecto de transporte, pero las empresas involucradas terminaron pidiendo 21 millones adicionales, lo que ha sido calificado como un aumento injustificado en los costos.
El fiscal general destacó que la Comisión Evaluadora, encargada de revisar y aprobar las propuestas, no cumplió con sus responsabilidades, al permitir la contratación sin una inspección adecuada de los vehículos disponibles ni una verificación precisa de las capacidades logísticas de la empresa seleccionada.
Los cargos presentados incluyen fraude, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, y violación de los deberes de los funcionarios. La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.
