Catorce menores rescatados de trata y abuso sexual infantil en Honduras en lo que va de 2025
La Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT) brinda atención directa a víctimas y familiares, mientras autoridades instan a denunciar y fortalecer la prevención ante el alarmante aumento de explotación sexual y servidumbre infantil en el país.
La Másica, Atlántida – En una contundente operación contra la explotación sexual de menores, la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas (UTESCTP) Regional Litoral Atlántico, en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ejecutó este viernes tres allanamientos simultáneos en el municipio de La Másica, Atlántida, logrando la captura de cuatro personas señaladas por graves delitos sexuales contra menores de edad.
Los detenidos han sido identificados como Alex Arturo Herrera Licona y Kelyn Rudith Alemán Bautista, acusados como coautores de violación agravada continuada y explotación sexual agravada de menores de edad. Asimismo, José Ramón Romero Amaya y Rony Nájera Amaya fueron capturados por el delito de violación agravada, tras operativos realizados en la aldea San Antonio y en los barrios El Centro y Lazo de La Másica.
De acuerdo con las investigaciones de la ATIC, los hechos ocurrieron en 2021, cuando dos menores de 15 años fueron víctimas de abuso sexual reiterado por parte de Alex Arturo Herrera Licona, con la complicidad de su pareja, Kelyn Rudith Alemán Bautista. A pesar de que las menores denunciaron los abusos, la imputada no solo desestimó sus testimonios, sino que, junto a su pareja, facilitó que José Ramón Romero Amaya accediera a una de las víctimas a cambio de dinero, permitiendo que los abusos continuaran en repetidas ocasiones.
Las autoridades lograron rescatar a las menores en una operación previa, brindándoles protección integral y atención médica y psicológica, en coordinación con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). Actualmente, las víctimas se encuentran bajo resguardo, mientras el proceso judicial avanza para garantizar justicia y evitar que continúen siendo víctimas de explotación.
