Edmundo Orellana: “Usar fondos públicos para compensar a víctimas de Koriun sería ilegal e inmoral”
El exministro de Transparencia advierte que esta acción vulneraría la ley y generaría una peligrosa cadena de reclamos al Estado.
Tegucigalpa, Honduras- El exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, se pronunció con firmeza en contra de la intención del gobierno de utilizar recursos públicos para reembolsar a los afectados por el fraude de la empresa Koriun Inversiones, calificando esta medida como ilegal, inmoral y riesgosa para el Estado de derecho.
Durante una entrevista, Orellana expresó su preocupación por las declaraciones del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien anunció que la presidenta Xiomara Castro habría dado instrucciones para compensar a las víctimas de Koriun con dinero del Estado.
El jurista enfatizó que ningún funcionario puede disponer de fondos públicos para este tipo de reembolsos, ya que se estaría desviando el dinero de los contribuyentes que debe destinarse a servicios esenciales como salud, educación y seguridad.
Orellana también señaló el peligroso precedente que generaría esta decisión, ya que abriría la puerta para que otros grupos de ciudadanos exijan compensaciones por pérdidas financieras causadas por fraudes o inversiones de alto riesgo.
Asimismo, cuestionó el origen de los fondos depositados en Koriun por algunos afectados, ya que varios tenían sumas millonarias, lo que debería ser investigado por las autoridades financieras y judiciales.
El exministro responsabilizó directamente a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), a los bancos implicados y al Ministerio Público por no actuar de forma oportuna ante las señales de irregularidad en las operaciones de Koriun.
En paralelo, el Congreso Nacional está trabajando en una reforma para incluir nuevamente el delito de intermediación financiera ilegal en el Código Penal, con el objetivo de prevenir nuevos casos como este.
Orellana concluyó haciendo un llamado a las autoridades para que actúen con responsabilidad, respetando la ley y evitando decisiones que comprometan los recursos públicos y fomenten la impunidad financiera.
