Informe revela alarmante situación en centros infantiles bajo tutela del Estado
UNICEF, INE y SENAF exponen casos de violencia, falta de documentación y riesgos de abuso sexual en albergues para menores.
Tegucigalpa, Honduras- Un informe conjunto del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) reveló preocupantes hallazgos sobre la realidad que enfrentan más de 3,900 menores en los centros de cuidado infantil conocidos como IRCAs en Honduras.
El censo nacional identificó 136 Residenciales de Cuidado Alternativo (IRCAs) en todo el país, con mayor concentración en Francisco Morazán (29%) y Cortés (21%). Actualmente, en estos centros viven 3,961 niños, niñas y adolescentes. De ellos, el 56% son varones y el 44% mujeres.
Uno de los datos más graves es que al menos 131 menores no poseen Documento Nacional de Identidad (DNI), lo que los excluye de derechos esenciales como salud, educación y protección jurídica, dejándolos en una condición de vulnerabilidad extrema.
Durante el levantamiento del censo, se registró el ingreso de 608 menores remitidos por el Ministerio Público como víctimas en procesos judiciales. Este hecho confirma que muchos IRCAs también funcionan como refugio para niños afectados por delitos violentos y abusos.
A pesar de que el 78% de estos centros recibe financiamiento privado y el 63% cuenta con apoyo internacional, el acceso a servicios sigue siendo desigual. Solo el 7% brinda atención psicosocial, a pesar de ser clave para la rehabilitación emocional. La mayoría imparte educación dentro del recinto, pero esto restringe el desarrollo social y la integración comunitaria.
En términos de regulación, el panorama es preocupante: 12% de los centros no tienen personería jurídica, 20% no están registrados ante la DIRRSAC y el 25% no posee una junta directiva formal. Además, hay serias deficiencias en los mecanismos de protección infantil y control del personal.
El informe denuncia que el 93% de los IRCAs permite que personal y voluntarios pernocten en los centros, y en el 49% de los casos, duermen en las mismas habitaciones que los menores, creando condiciones propicias para abusos. Solo el 12% tiene políticas claras de protección infantil y códigos de conducta.
Las entidades responsables hacen un llamado urgente a reformar el sistema. Sostienen que la institucionalización debe ser el último recurso, y se debe apostar por modelos alternativos de cuidado con un enfoque en el interés superior del niño. Insisten en que la supervisión estatal debe ser estricta y que el uso de fondos debe ser transparente para evitar más tragedias.
