Nicaragua y Rusia acuerdan protección mutua frente a abusos de la justicia internacional
Ambos gobiernos denuncian el uso del sistema judicial internacional como un instrumento de presión política de potencias occidentales.
San José, Honduras.- La Asamblea Nacional de Nicaragua ratificó un acuerdo firmado con Rusia que busca proteger a los ciudadanos de ambos países frente a lo que califican como “abusos” de la justicia penal internacional.
El acuerdo, aprobado por unanimidad en el Parlamento y suscrito el pasado 20 de junio en San Petersburgo, compromete a Managua y Moscú a no intervenir en los asuntos internos del otro mediante mecanismos judiciales internacionales o nacionales, ni a colaborar con terceros en ese sentido.
Durante la exposición de motivos, Daniel Ortega y Rosario Murillo —copresidentes de Nicaragua— afirmaron que, si bien la justicia internacional busca sancionar crímenes como genocidio o lesa humanidad, en la práctica ha mostrado vacíos y contradicciones. Señalaron el conflicto entre Israel y Palestina como un ejemplo de esa supuesta parcialidad y denunciaron un “doble rasero” en la aplicación de justicia, que —según ellos— sirve como herramienta política de intervención contra gobiernos soberanos.
El texto también cuestiona el papel de instituciones como la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma, a las que acusan de estar al servicio de potencias hegemónicas.
Presión desde la ONU
Mientras tanto, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, busca que uno o varios países demanden a Ortega ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por crímenes de lesa humanidad, incluyendo tortura y apatridia.
El 3 de abril, ese grupo publicó una lista de 54 personas señaladas por graves violaciones desde 2018. La encabezan Ortega y Murillo, seguidos por altos mandos del Ejército, el Poder Judicial, la Policía y la Asamblea Nacional. Los señalamientos incluyen detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y persecución a la prensa y sociedad civil.
Tras estos informes, Nicaragua ha intensificado su aislamiento internacional: en febrero se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de agencias como la OIT, la OIM y la FAO.
Desde abril de 2018, el país enfrenta una profunda crisis política y social, agravada tras las elecciones de 2021 en las que Ortega fue reelegido por cuarta vez consecutiva, luego de encarcelar y exiliar a sus principales opositores, despojándolos de su nacionalidad y derechos políticos bajo acusaciones de “traición a la patria”.
