Gobierno ignora a organizaciones que atienden a personas con discapacidad y más de 60 mil hondureños quedarían desprotegidos
Cerca de 50 organizaciones denuncian falta de voluntad política y burocracia excesiva que amenaza con paralizar sus servicios.
Tegucigalpa, Honduras- Al menos 50 organizaciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad en Honduras están al borde del cierre por la indiferencia del gobierno, dejando a más de 60,000 hondureños en situación de vulnerabilidad sin acceso a atención médica, rehabilitación ni educación inclusiva.
Las denuncias han sido reiteradas en las últimas semanas, y este sábado se agudizó el clamor tras la advertencia pública de que estas instituciones podrían cesar operaciones si no se les transfiere el anticipo del presupuesto correspondiente a 2025. El retraso en la asignación de fondos por parte del Programa de Apoyo Solidario (PROASOL) ha puesto en riesgo la operatividad nacional de estas entidades.
Betina Hernández, coordinadora de la Defensoría de Personas con Discapacidad del Conadeh, se solidarizó con el movimiento, señalando que el Estado ha abandonado su responsabilidad de velar por este sector. “Es indigno que seamos las organizaciones de sociedad civil quienes sostengamos solas esta lucha sin respaldo estatal”, cuestionó.
Julio Moncada, director ejecutivo de la CIARH, denunció que a las organizaciones les exigen más de 20 requerimientos burocráticos para liberar fondos, mientras a otros sectores políticos y afines se les transfieren presupuestos sin esa rigurosidad. “No pedimos que nos eximan de requisitos, pedimos igualdad y agilidad”, declaró.
La situación ha llegado a un punto crítico, al punto que las organizaciones calculan que se necesitan con urgencia al menos 15.5 millones de lempiras para garantizar el funcionamiento mínimo de las instituciones y no abandonar a las personas con discapacidad física, intelectual, sensorial y psicosocial.
Ante la falta de respuesta de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y PROASOL, más de 67 organizaciones remitieron una carta urgente a la presidenta Xiomara Castro solicitando una audiencia inmediata. “No podemos seguir siendo ignorados ni excluidos de decisiones que afectan nuestras vidas”, expresa el documento.
En la carta firmada por FENOPDIH, FENAPAPEDISH y la CIARH, se recalca que la falta de respuesta ha transgredido los límites del respeto y la legalidad. “No hay ciudadanía de segunda categoría”, recuerdan a la mandataria. Asimismo, urgen el pago del 40 % de anticipo del primer desembolso de este año para evitar el colapso de los servicios que brindan a miles de familias.
Actualmente, se estima que el 15 % de los hondureños —alrededor de 1.4 millones de personas— viven con algún tipo de discapacidad, y sin el respaldo de estas organizaciones, quedarían completamente desamparados.
