COAH advierte que nueva ley pone en riesgo controles ambientales y favorece proyectos extractivos sin evaluación
Organizaciones sociales y ambientales exigen un proceso legislativo transparente y basado en evidencia, no en cifras sin sustento.
Tegucigalpa, Honduras.- La Coalición Ambiental de Honduras (COAH) emitió un comunicado reafirmando su rechazo a la «Ley Especial de Fomento a las Inversiones por medio de la Eficiencia de los Procesos de Licenciamiento Ambiental», impulsada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien la presenta como el salvavidas para 156 mil empleos.
COAH, en cambio, muestra profunda preocupación por el contenido, enfoque y la forma en que se ha planteado esta propuesta, que ya está en su segundo debate.
“Consideramos irresponsable y peligrosa la narrativa que presenta un falso dilema entre empleo e institucionalidad ambiental. Honduras necesita inversión y empleo, pero no a costa de debilitar los controles técnicos, la participación ciudadana ni la protección de los ecosistemas. No hay sostenibilidad sin incluir a quienes históricamente han defendido el agua, los bosques y la vida frente a megaproyectos mal regulados”, señala el comunicado.
La red integrada por organizaciones sociales, colegios profesionales, comunitarios, territoriales y ambientales que conforman la COAH recuerda que Honduras ya cuenta con una ley de licenciamiento ambiental.
“Por eso rechazamos la falsa disyuntiva entre licencias ambientales y generación de empleo. La ausencia de una nueva ley no pone en riesgo los empleos; lo que realmente los amenaza es mantener un modelo extractivo desordenado, sin reglas claras, transparencia ni consulta previa, que genera conflictos socioambientales, aumenta la violencia y perpetúa la corrupción”, advierte COAH.
Para esta coalición, el verdadero peligro es una ley que legalice la omisión de evaluaciones rigurosas. “Tal como está redactada, esta ley debilita la institucionalidad, elimina la consulta previa, libre e informada, y facilita la aprobación rápida de proyectos extractivistas sin garantizar derechos ambientales ni sociales”.
Además, enfatizan que las decisiones legislativas deben sustentarse en evidencia, principios constitucionales y compromisos internacionales, no en cifras alarmistas sin respaldo técnico ni estudios socioambientales previos.
Por último, los ambientalistas instan a la Presidencia del Congreso Nacional a detener esta iniciativa y abrir un proceso participativo, respetuoso y transparente. Al Gobierno, le solicitan fortalecer las capacidades humanas y logísticas de la Secretaría de Recursos Naturales (Serna) y otras instituciones relacionadas, en lugar de sustituir la protección ambiental con promesas de agilización sin control.
“A la ciudadanía hondureña la llaman a mantenerse vigilante, informada y activa ante los intentos de legalizar el ecocidio. Honduras merece un desarrollo con justicia ambiental, no licencias irresponsables. El desarrollo sostenible no se logra con leyes exprés, sino con reglas claras, participación y respeto a los derechos humanos y de la naturaleza”, concluye el comunicado.
