Diputado Nelson Márquez y cinco personas más comparecen ante la justicia por millonario desfalco al Estado
Nelson Márquez, vicelíder del Partido Nacional, enfrenta acusaciones de fraude, uso de documentos falsos y prevaricato por demandas arbitrales fraudulentas contra el Estado en el marco del huracán Mitch.
Tegucigalpa, Honduras.- Este miércoles se llevó a cabo la audiencia de imputados contra el diputado Nelson Márquez y otros cinco acusados, señalados por participar en un esquema de corrupción que habría provocado un saqueo de más de 3 mil millones de lempiras mediante demandas fraudulentas contra el Estado.
Entre los presentes en la audiencia figuran Eva María Vásquez Villanueva, Raymundo Gradiz, y los abogados Juan Fernando Madrid Lezama y Caronte Rojas Zavala. Todos son acusados por el Ministerio Público de integrar una red criminal que operó desde instituciones públicas, desviando fondos destinados a proyectos sociales e infraestructura, especialmente en el marco de la reconstrucción posterior al huracán Mitch, en el año 2000.
El Ministerio Público ha descrito este caso como uno de los esquemas de corrupción más graves en los últimos años y ha prometido llevar a juicio a todos los responsables, dentro de lo que denominan el desmantelamiento de una “mafia institucional” con influencia en varios niveles del Estado.
Los hechos
La investigación señala que Nelson Márquez, cuando fungía como titular de la desaparecida Sedecoas, habría facilitado acuerdos ilegales que beneficiaron a empresas como DRC Inc. —una firma estadounidense sin autorización para operar en Honduras— y NAINSA, empresa subcontratada sin vínculo legal con el Estado.
Ambas compañías habrían promovido demandas fraudulentas apoyadas en un laudo arbitral nunca homologado por la Corte Suprema de Justicia, lo que permitió millonarios pagos al margen de los procesos legales.
En 2020, Márquez envió un informe legal a la Procuraduría recomendando firmar un acuerdo para evitar mayores pérdidas económicas, lo que derivó en un convenio extrajudicial con pagos irregulares. Luego, en 2022, el juez Raymundo Gradiz autorizó otra demanda millonaria, ignorando la nulidad del laudo previamente establecida.
También figuran entre los implicados la excoordinadora del Gobierno, Martha Doblado; el exfuncionario de la PGR, Héctor Alvarado Mejía, y el receptor judicial Rafael Eduardo Chávez Aguilar. En una de las audiencias clave, Alvarado justificó su ausencia con un certificado médico cuya veracidad ha sido cuestionada por la Fiscalía.
El proceso continúa abierto, y se esperan más capturas en los próximos día
