Exfuncionarios del Instituto de la Propiedad acusados de desviar L39.5 millones
La UNAF presentó requerimiento fiscal contra exempleados de la UCP y directivos de una fundación que habrían usado un convenio falso para apropiarse de fondos públicos.
Tegucigalpa, Francisco Morazán.– El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra excolaboradores de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) del Instituto de la Propiedad (IP) y directivos de una fundación privada, a quienes se acusa de desviar 39.5 millones de lempiras mediante un convenio fraudulento.
La acción legal fue interpuesta por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) y apunta a los delitos de fraude y uso de documentos falsos. Entre los imputados figuran Cristy Dayanara Sánchez Valle, excoordinadora técnica; Tania Michell Montoya Zepeda, exgerente administrativa y financiera; Mario Roberto Reyes López, exdirector del Programa de Vivienda Social; y Leyla Patricia Rubio Valladares, excoordinadora de la Unidad de Presupuesto. También se incluyó a Claudia Pamela Álvarez Matute y Bairon Josué Berríos Salinas, representantes de la Fundación Ayudando con Amor.
Las investigaciones revelan que los acusados habrían utilizado el fideicomiso SITEC, ya derogado en ese momento, para firmar un convenio con dicha fundación. El acuerdo contemplaba supuestos proyectos sociales que nunca se llevaron a cabo, pero que sirvieron de excusa para movilizar millonarios recursos públicos.
De forma irregular, la UCP autorizó un desembolso de 39.5 millones de lempiras bajo la figura de “donación”, a pesar de que la unidad no tenía atribuciones legales para entregar donativos, dado que manejaba fondos provenientes de la Tasa Vehicular, impuestos registrales y pagos por traslación de dominio, todos canalizados a través del fideicomiso SITEC.
Un año después de la firma del convenio, comenzaron a emitirse cheques que terminaron en cuentas vinculadas a los imputados. Para justificar esos movimientos financieros, se habrían presentado documentos falsificados que daban apariencia de legalidad a un proyecto que nunca se ejecutó.
Con este requerimiento, el Ministerio Público inicia la primera línea de investigación sobre posibles actos de corrupción cometidos en el Instituto de la Propiedad durante 2022, en lo que ya se perfila como un esquema diseñado para saquear fondos públicos bajo el amparo de convenios fraudulentos.
