La deuda del gobierno afecta a más de 60 empresas, comprometiendo el pago de aguinaldos, materiales y la continuidad de proyectos clave, incluidos los de reparación de carreteras tras las lluvias.
Tegucigalpa, Francisco Morazan .-. El director regional norte de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), Arnaldo Martínez, lanzó un llamado urgente a la Secretaría de Finanzas para que realice el pago de más de 2,400 millones de lempiras que se adeudan a las empresas constructoras. Según Martínez, la falta de este desembolso pone en riesgo la operatividad de más de 60 constructoras a nivel nacional y amenaza con paralizar proyectos de vital importancia para el desarrollo del país.
Martínez explicó que los fondos ya han sido estimados por la Secretaría de Infraestructura y Transporte y están listos para ser transferidos al Sistema de Administración Financiera Integrada (SEAFI). Sin embargo, el retraso en la autorización de la transferencia ha generado un grave impacto en las empresas, que enfrentan problemas para cubrir pagos esenciales como aguinaldos, mano de obra directa, subcontratistas y proveedores.
“Si no hacemos estas cancelaciones, los proveedores nos detendrán los pedidos de materiales, lo que no solo atrasará las obras, sino que podría llevar a una paralización total de los proyectos en curso”, advirtió Martínez. Entre las obras en riesgo se encuentran proyectos clave como la reparación de carreteras gravemente afectadas por las recientes lluvias, cuya demora tendría repercusiones negativas en la conectividad y el desarrollo nacional.
El representante de CHICO recordó que, aunque el gobierno realizó un anticipo de 2,000 millones de lempiras, la deuda actual corresponde a los últimos meses. Esta situación ha impactado directamente en el flujo de caja de las empresas, dificultando la continuidad operativa en un momento crítico, con cierre de año y múltiples compromisos económicos.
Martínez fue enfático al señalar que, si el pago no se efectúa a más tardar en enero, las constructoras podrían detener sus labores, lo que no solo retrasaría obras en ejecución, sino que también comprometería la generación de empleo y afectaría la reactivación económica del país.
“Esperamos que el gobierno cumpla con este compromiso para evitar una crisis mayor en el sector de la construcción, que es clave para el desarrollo económico y social de Honduras”, concluyó.
