Nuevas revelaciones vinculan a figuras cercanas a la presidencia con sobornos y redes criminales
Tegucigalpa, Francisco Morazan .-. El 2024 cerró con otro escándalo de narcotráfico que sacudió a Honduras, dejando al descubierto los vínculos persistentes entre el crimen organizado y las esferas del poder político. En septiembre, el periodista Jeff Ernst publicó un video que mostró a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro y entonces vicepresidente del Congreso, conversando con Devis Leonel Rivera Maradiaga, conocido líder del cartel Los Cachiros.
En el video, Rivera Maradiaga habla de sobornos destinados a «el comandante», identificado por medios y políticos hondureños como Manuel “Mel” Zelaya, esposo de la presidenta Castro. La revelación generó conmoción y llevó al fiscal general Johel Zelaya a anunciar la apertura de un expediente y la posible investigación de los implicados. Sin embargo, hasta finales de 2024, no se ha informado de avances significativos en las investigaciones.
Los Cachiros y su influencia en la política hondureña
Devis Leonel Rivera Maradiaga, figura clave del narcotráfico en Honduras durante las últimas décadas, confesó haber liderado la banda Los Cachiros, responsables de expandir las rutas de la cocaína en el país. Además de sobornar a políticos y empresarios, los Cachiros utilizaron compañías de fachada para obtener contratos estatales y consolidar su poder.
Rivera Maradiaga admitió haber participado en más de 50 homicidios, un legado de violencia que marcó su liderazgo. Desde 2013, colabora con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, donde entregó grabaciones que incriminan a varios políticos hondureños, incluidos Carlos Zelaya y el expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue condenado este año en Nueva York por delitos relacionados con el narcotráfico.
Nexos con altos funcionarios y la familia presidencial
Las declaraciones de Rivera en diciembre durante el juicio contra Midence Oquelí Martínez, un político extraditado en 2023, revelaron más detalles de la relación entre Los Cachiros y figuras políticas, incluidos socios cercanos a la familia de la presidenta Castro. Este caso reforzó la narrativa de un Estado hondureño profundamente infiltrado por el crimen organizado, sin distinción de partidos políticos.
A pesar de las promesas del fiscal general Johel Zelaya de investigar estas conexiones, los avances parecen estancados. Los expedientes que incluyen a figuras como Ana García de Hernández, exprimera dama de Honduras, permanecen en el limbo.
Un país atrapado en su propia sombra
Las revelaciones constantes de vínculos entre el narcotráfico y el poder político subrayan el desafío que enfrenta Honduras para desmantelar las estructuras de un narcoestado. A medida que se acumulan las denuncias, la falta de resultados concretos en las investigaciones alimenta el escepticismo sobre el compromiso real de las autoridades para enfrentar esta problemática.
Honduras sigue siendo un escenario donde el crimen organizado y la corrupción compiten por el control, dejando a la ciudadanía atrapada en un ciclo de impunidad que amenaza con perpetuarse.
