Constructores acusan aprobación acelerada de normativa urbana en el Distrito Central
Chico reclama al alcalde capitalino falta de consenso y advierte posibles acciones legales.
Tegucigalpa, Honduras.– La aprobación de la nueva normativa de ordenamiento territorial y urbanismo para el Distrito Central generó un fuerte reclamo de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), que acusa a la Alcaldía de avanzar de forma unilateral, sin consenso técnico ni respaldo del sector.
En una nota dirigida al alcalde Jorge Aldana, el presidente de la Chico, Gustavo Boquín, cuestiona que el instrumento haya sido aprobado y publicado sin la participación efectiva de los gremios especializados y sin tomar en cuenta las condiciones reales de la ciudad en los ámbitos físico, social, económico y operativo.
La industria asegura que dejó constancia escrita y reiterada de su no aval al proceso, así como de la necesidad de contar con un plazo razonable para una revisión técnica y jurídica integral, advertencias que, según el gremio, fueron ignoradas.
De acuerdo con la comunicación enviada a la Alcaldía, durante el proceso se prometió un análisis conjunto y la construcción de acuerdos, así como la incorporación de observaciones técnicas presentadas por el sector constructor. Sin embargo, la Chico sostiene que ninguna de esas garantías se cumplió.
“El proceso derivó en una aprobación acelerada, carente de sustento técnico y científico suficiente”, señala la nota, al indicar que las propuestas del sector, basadas en experiencia operativa y conocimiento del territorio, no fueron consideradas.
Para la Cámara, la forma en que se aprobó la normativa responde más a objetivos políticos coyunturales que a la construcción de un instrumento serio y aplicable. El gremio advierte que el texto presenta deficiencias en claridad técnica, coherencia operativa y seguridad jurídica.
La Chico aclaró que no se opone al ordenamiento territorial ni a una visión de desarrollo de largo plazo para la capital, pero rechaza la imposición de normas que considera débiles, mal estructuradas y desconectadas de la realidad urbana.
Finalmente, el sector constructor advirtió que no asumirá responsabilidad por los efectos negativos que genere la aplicación de la normativa y se reservó el derecho de ejercer acciones administrativas y legales, al tiempo que señaló que las autoridades municipales aún están a tiempo de corregir el rumbo.
