Aspra defiende nueva Ley Antisoborno y alerta por demandas que amenazan finanzas del Estado
La PGR plantea crear la agencia ARCE para centralizar compras públicas y exige certificación antisoborno a proveedores que contraten con el gobierno.
Tegucigalpa, Honduras.– El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, afirmó que el proyecto de Ley Antisoborno impulsado desde la Procuraduría será remitido al Congreso Nacional para su dictamen, como parte de la estrategia oficial de transparencia en las contrataciones públicas.
El funcionario explicó que la iniciativa fue elaborada junto al Consejo Nacional Anticorrupción y la Secretaría de Finanzas, tomando como referencia modelos aplicados en países como Chile y República Dominicana. Entre los cambios propuestos destaca la transformación de la actual oficina normativa de compras en una Agencia Reguladora de Compras del Estado (ARCE), adscrita a Finanzas y con predominio de adquisiciones electrónicas.
Según Aspra, el sistema permitiría que las compras públicas se publiquen en un portal interactivo en tiempo real, con catálogo de productos, proveedores y compradores certificados, además de un esquema centralizado que reduzca la manipulación humana en los procesos.
El procurador añadió que la ley incorporará controles de integridad para los proveedores del Estado, incluyendo verificación de conflictos de interés, vínculos con personas políticamente expuestas y antecedentes de negociaciones incompatibles antes de su habilitación para contratar con instituciones públicas.
Asimismo, indicó que el proyecto establecerá como requisito obligatorio que las empresas cuenten con un sistema de cumplimiento antisoborno certificado bajo la norma ISO 37001; de lo contrario, no podrán contratar con el Estado hondureño.
En otro tema, el titular de la PGR valoró la reacción de la Corte Suprema de Justicia ante la denuncia presentada por la Procuraduría contra jueces de jurisdicciones consideradas de alto riesgo —entre ellas Tegucigalpa, Choluteca, Juticalpa y La Ceiba— por procesos que habrían perjudicado las finanzas públicas.
Señaló que, tras una reunión con la presidenta del Poder Judicial, se activó a la supervisión nacional para investigar la actuación de esos jueces, ya que desde dichas jurisdicciones proviene la mayor carga de demandas contra el Estado.
No obstante, expresó reservas sobre la actuación posterior del Ministerio Público, al que corresponde decidir acciones penales. “Esperaríamos ver qué es lo que hace al final el Ministerio Público, porque ahí sí ya nos genera alguna duda”, dijo.
Aspra reiteró su preocupación por el volumen de litigios: “Fue sorpresivo ver que todas las demandas ya estaban haciendo fila en las arcas del Estado para materializar los embargos”, concluyó.
