304,388 hogares víctimas de extorsión al cierre de 2024, según la ASJ

304,388 hogares víctimas de extorsión al cierre de 2024, según la ASJ

Tegucigalpa, Honduras – En medio de un prolongado estado de excepción, al menos 304,388 hogares fueron víctimas de extorsión al cierre de 2024, una cifra que confirma el fracaso de un mecanismo que, además, continúa operando de forma ilegal, señaló este martes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Un análisis de la ASJ presentado hoy destacó que solo uno de los 18 decretos ejecutivos promovidos en Consejo de ministros, a través de los cuales se ha mantenido vigente el estado de excepción, cumplió con los requisitos constitucionales en tiempo y forma para su aplicación. El resto sigue en la ilegalidad.

Desde diciembre de 2022, el gobierno ha implementado el estado de excepción como medida para frenar la extorsión, pero los resultados indican lo contrario, apuntó Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la ASJ.

Castañeda también señaló que el estado de excepción ha tenido impactos negativos en las libertades individuales y en la confianza de la población hacia las autoridades. «El saldo es negativo, ya que, además de la falta de resultados tangibles en la lucha contra la extorsión, la ilegalidad de los decretos ha dejado a muchos hondureños en una situación de indefensión legal», expresó.

La ASJ también destacó que el gobierno ha insistido en la continuidad de esta estrategia, a pesar de las críticas de organismos internacionales y expertos en derechos humanos, que han señalado la necesidad de reformas estructurales en el sistema de justicia y seguridad del país. La situación sigue siendo un tema de debate público, especialmente en un contexto donde la extorsión sigue siendo uno de los crímenes más denunciados por los ciudadanos.

La sociedad civil citó los datos del decreto ejecutivo PCM 03-2025, fechado el 6 de enero de 2025, que reporta: 43,010 allanamientos de morada, 53,618 detenciones, 16,010 órdenes de captura, 8,059 vehículos y 45,033 motocicletas decomisadas. Sin embargo, Castañeda lamentó que, a pesar de estas acciones, «la extorsión sigue golpeando a los hogares hondureños», al analizar las cifras de los últimos tres años.

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