Fiscalía presenta requerimiento fiscal contra estructura de corrupción en el PRAF por desvío de más de L. 96 millones
La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) ha presentado un requerimiento fiscal contra una red de corrupción que operó en el Programa de Asignación Familiar (PRAF) entre 2010 y 2014. Los imputados incluyen a Ángel Paz Alvarenga, exgerente administrativo del PRAF, Raúl Salgado Zelaya, exjefe del Bono Juvenil, y Sandra Solano Aguirre, exjefa del Programa DiMujer, así como 37 personas más, entre ellas exempleados de la institución y representantes de empresas y ONG’s. Los acusados enfrentan cargos por fraude, falsificación de documentos públicos y violación de los deberes de los funcionarios.
Las investigaciones revelaron que estos individuos conspiraron para desviar más de 96 millones de lempiras (L. 96,976,218.21) a través de 596 contratos del Bono Juvenil y el Programa DiMujer, diseñados para capacitar a jóvenes y mujeres en extrema pobreza en oficios y carreras técnicas. Según el Ministerio Público, se utilizaron «empresas de relleno» y se fragmentaron contratos para evadir los procesos de licitación, lo que permitió que se adjudicaran recursos públicos sin cumplir con los estándares y objetivos de los programas.
El esquema de corrupción afectó gravemente a miles de beneficiarios al ofrecerles capacitaciones ficticias o de mala calidad, mientras que los pagos fueron ejecutados por contratos falsificados. Este desfalco no solo generó un daño económico significativo, sino que también privó a los jóvenes y mujeres hondureñas de la oportunidad de mejorar sus vidas a través de la capacitación técnica, limitando su capacidad para emprender y prosperar.
