Abogados llevan a la Corte Suprema decreto que ordena recuento electoral
Recurso de inconstitucionalidad cuestiona sesión sin quórum y la atribución de funciones que corresponden al CNE.
Tegucigalpa, Honduras.- La controversia por el decreto 58-2025 llegó este lunes a la Corte Suprema de Justicia. Un grupo de abogados presentó un recurso de inconstitucionalidad al considerar que el Congreso Nacional actuó fuera del marco legal al aprobar una norma que interviene directamente en los resultados electorales.
El abogado Leonel Núñez explicó que la acción fue interpuesta contra el decreto aprobado el 9 de enero de 2026 en una sesión extraordinaria convocada por la Comisión Permanente, la cual —según juristas— no tiene facultades para abordar ni certificar procesos electorales ya concluidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Entre los principales señalamientos se encuentra la falta de quórum calificado. Núñez detalló que la sesión inició con apenas 70 diputados y finalizó con 69, cuando para asuntos de carácter electoral la ley exige la presencia de al menos 86 congresistas.
El recurso también cuestiona que el decreto asigna al Congreso Nacional atribuciones que corresponden exclusivamente al CNE, lo que, a criterio de los abogados, constituye una usurpación de funciones y una violación directa al principio de separación de poderes.
Núñez fue más allá al advertir que quienes impulsan y respaldan el decreto podrían enfrentar responsabilidades penales, al considerar que se configura el delito de traición a la patria por intentar alterar la voluntad popular expresada en las urnas.
El polémico decreto ha generado reacciones fuera del país. Según los recurrentes, la intención de revertir los resultados electorales provocó advertencias de actores internacionales, entre ellos el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ha llamado al respeto del orden democrático en Honduras.
Los abogados esperan que la Sala de lo Constitucional declare sin valor ni efecto el decreto 58-2025, evitando que se materialicen acciones que, aseguran, profundizarían la crisis institucional.
En los últimos días se han acumulado acciones legales contra el mismo decreto. El abogado Hermes Ramírez presentó dos recursos constitucionales el domingo, mientras que la plataforma Defensores de Honduras también interpuso una acción similar. A estas se sumará un nuevo recurso anunciado por la constitucionalista Ruth Laffosse.
