ASJ denuncia ante el TSC uso opaco de más de 800 millones de lempiras en el Congreso Nacional
La organización señala graves deficiencias en transparencia y rendición de cuentas entre 2022 y 2024, con compras fraccionadas, unidades ejecutoras irregulares y ausencia de información en los portales oficiales.
Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), a través de su Centro Asistencial Legal Anticorrupción (ALAC), presentó este martes una denuncia ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) solicitando una auditoría a fondo sobre el uso y gestión de recursos públicos por parte del Congreso Nacional entre 2022 y 2024.
La denuncia se basa en hallazgos del informe “Abuso y opacidad: el verdadero Congreso del pueblo”, el cual revela severas deficiencias en materia de transparencia, planificación y rendición de cuentas en los procesos de compras y contrataciones legislativas.
Según ASJ, durante el período mencionado se desconoce el destino de al menos 824 millones de lempiras, correspondientes a adquisiciones y contrataciones cuyo detalle no está disponible ni en el portal de transparencia ni en la plataforma oficial de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE).
El informe señala que en 2022 el Congreso no presentó su Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), y aunque sí lo hizo en 2023 y 2024 con presupuestos de L 369 millones y L 535 millones, respectivamente, estos no cumplen con los estándares mínimos exigidos por ley.
Asimismo, se documentó un uso excesivo de la modalidad de compras menores, sumando L 95 millones en adquisiciones sin planificación aparente, muchas de ellas fraccionadas para evadir controles. Solo en compras de alimentación para personal de seguridad se ejecutaron L 13.6 millones, distribuidos en procesos repetitivos y opacos.
De un total de 14,083 compras menores, únicamente 21 fueron reportadas en Honducompras, y en esos casos, solo se publicó la cotización del oferente adjudicado, sin incluir a los demás competidores, lo que limita el control ciudadano sobre los procedimientos.
Otro de los hallazgos más preocupantes es la dispersión presupuestaria en 50 unidades ejecutoras no autorizadas, incluyendo diputados y bancadas, lo que complica la trazabilidad del gasto y socava los principios de legalidad y eficiencia en la gestión pública.
ASJ condenó estas prácticas por representar no solo violaciones técnicas a la normativa de contratación pública, sino también un atentado contra el derecho ciudadano de acceso a la información y la participación en la gestión estatal. “La opacidad y evasión de controles debilitan la democracia y afectan directamente sectores esenciales como salud, educación y seguridad”, expresó la organización.
La denuncia ya fue formalmente presentada ante el TSC, que deberá pronunciarse sobre la apertura de una auditoría e investigación formal.
