Asociación de Fiscales denuncia crisis financiera en el Ministerio Público
Más de 4 mil empleados siguen sin salario y persiste incertidumbre presupuestaria para 2026, advierte representante.
Tegucigalpa, Honduras.- La situación económica del Ministerio Público encendió alarmas dentro de la propia institución, luego que la Asociación de Fiscales denunciara retrasos salariales que afectan a miles de trabajadores y advirtiera falta de certeza sobre el presupuesto del próximo año.
El abogado Randy Estrada, representante del gremio, señaló que alrededor de 4,000 empleados a nivel nacional no han recibido el pago correspondiente a febrero, acumulando ya una semana de atraso sin que se concrete el desembolso desde la Secretaría de Finanzas.
El jurista enfatizó que, pese a la mora salarial, fiscales y personal continúan cumpliendo funciones en tribunales, operativos investigativos y atención de denuncias, sosteniendo la operatividad del ente acusador del Estado.
Estrada alertó que la precariedad presupuestaria no solo golpea a los trabajadores, sino que limita directamente la capacidad del Ministerio Público para ejercer la persecución penal y responder a la demanda de justicia en el país.
En ese contexto, confirmó que el gremio ha solicitado la incorporación de al menos 100 fiscales adicionales, con el fin de reducir la carga procesal y mejorar la eficiencia institucional, una meta que considera inviable sin una ampliación real del presupuesto.
También subrayó la urgencia de fortalecer áreas técnicas estratégicas como Medicina Forense, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, pilares de la investigación penal que dependen de recursos suficientes para su funcionamiento.
El representante recordó que los incrementos presupuestarios recientes han rondado los 200 millones de lempiras anuales, monto que —según explicó— apenas compensa inflación y ajustes laborales, sin permitir expansión operativa ni contratación de personal.
“El Ministerio Público es quien ejerce la persecución penal del Estado. Si no se le fortalece, el país no puede garantizar una justicia pronta y efectiva”, advirtió.
Finalmente, el gremio hizo un llamado a las autoridades financieras y legislativas para asegurar un presupuesto que permita estabilidad laboral, capacidad investigativa y cumplimiento del mandato constitucional del ente fiscal.
