CNA defiende uso del juicio político como herramienta de control institucional
Gabriela Castellanos resalta que el Congreso debe actuar ante denuncias graves y garantizar rendición de cuentas.
Tegucigalpa, Honduras.– La presidenta del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, enfatizó que el juicio político es un mecanismo constitucional clave para proteger la institucionalidad y no un instrumento de persecución política.
En su columna de opinión “Disculpen mi Castellano”, Castellanos recordó que la Constitución establece que el Congreso Nacional tiene la responsabilidad de activar el juicio político ante actos graves que contravengan la norma suprema, afecten el interés nacional o evidencien negligencia o incompetencia de altos funcionarios.
La funcionaria vinculó esta herramienta con la crisis electoral de noviembre de 2025, marcada por retrasos en el escrutinio y cuestionamientos administrativos, y subrayó que tanto la legislatura pasada como la actual tienen responsabilidad institucional por decisiones u omisiones que impactaron la gobernabilidad.
“La prudencia o la estabilidad no pueden ser excusas para evitar el examen institucional cuando existen denuncias graves”, advirtió Castellanos, recordando que la gobernabilidad auténtica se sostiene en la rendición de cuentas. Añadió que omitir el juicio político ante causas documentadas también es una decisión con consecuencias para la institucionalidad del país.
