CNA revela red de corrupción familiar en la Secretaría de Gobernación a través de compras menores
Un esquema de colusión y manipulación de licitaciones permitió que empresas ligadas a funcionarios obtuvieran más de 13 millones de lempiras entre 2022 y 2024.
Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) expuso un nuevo caso de presunta corrupción en el Estado, detallando cómo funcionarios de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) habrían manipulado procesos de compras menores para beneficiar a empresas vinculadas a sus propios familiares.
Según el informe titulado «La sangre llama… y contrata», el CNA identificó al menos 10 empresas que operaban de forma coordinada y alterna en licitaciones internas, asegurando así que alguna de ellas resultara adjudicada, sin importar cuál fuera seleccionada formalmente. Este mecanismo, según el CNA, daba apariencia de legalidad a un proceso previamente manipulado.
Durante los años 2022 a 2024, la SGJD transfirió L 13,710,250.73 a ocho de estas empresas, todas con vínculos familiares comprobados con dos altos funcionarios de la institución: el Subgerente de Recursos Materiales y la Gerente Administrativa.
El modus operandi consistía en invitar a tres oferentes a participar en el proceso; sin embargo, dos de ellos enviaban cotizaciones sin cumplir con toda la documentación requerida, lo que permitía descartar sus propuestas de manera legal y adjudicar la compra a la tercera empresa, que sí cumplía con los requisitos formales. Todas las compañías involucradas estaban relacionadas entre sí y con los funcionarios responsables de gestionar las compras.
El control del proceso de adquisición, desde la recepción de solicitudes hasta el pago, recaía en la Gerencia Administrativa y la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, áreas clave donde se concentraba el poder para dirigir los contratos hacia sus familiares.
Además de la colusión, el CNA señaló la fijación de precios controlada y el uso de documentación incompleta como táctica deliberada, lo que evidencia una planificación detallada para defraudar al Estado.
Como resultado de esta investigación, el CNA presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra los funcionarios responsables de ambas unidades administrativas, acusándolos de los delitos de violación a los deberes de los funcionarios y fraude en perjuicio de la administración pública. También se incluyó en la denuncia a un oficial de compras, por su presunta participación en el esquema.
Este caso vuelve a poner bajo la lupa la vulnerabilidad de los procesos internos de contratación en las instituciones públicas y la necesidad urgente de mayor fiscalización.
