Cohep rechaza uso de fondos públicos para atender caso Koriun Inversiones
La cúpula empresarial advierte que destinar recursos estatales a este caso particular violaría principios legales y sentaría un precedente negativo.
Tegucigalpa, Honduras- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) expresó este lunes su firme desacuerdo ante la propuesta de ley que pretende asignar recursos del Estado para resolver el caso de Koriun Inversiones, calificando la iniciativa como contraria a los principios de legalidad y equidad.
A través de un comunicado, el Cohep manifestó su preocupación frente a la intención de utilizar fondos públicos para enfrentar los efectos generados por el esquema de fraude atribuido a la empresa Koriun Inversiones. “Como sector privado expresamos nuestra preocupación y desacuerdo”, señaló el organismo, en referencia al impacto que ha tenido esta situación en cientos de personas afectadas.
El gremio empresarial subrayó que representa y respalda únicamente aquellas inversiones que operan conforme a la normativa hondureña. En ese sentido, dejó claro que no apoya ni respalda a personas naturales o jurídicas que actúen con fines ilícitos y que, mediante sus acciones, perjudiquen a terceros.
El Cohep hizo un llamado a las autoridades a aplicar con rigor la ley en este caso. Consideran que el Estado debió actuar de forma inmediata bajo los procedimientos establecidos para proteger a los ciudadanos y sancionar a los responsables. Plantean que deben implementarse mecanismos transparentes para recuperar y devolver los fondos a los afectados que actuaron de buena fe.
Además, exigieron al Ministerio Público una investigación profunda que permita deducir las responsabilidades penales correspondientes. Criticaron la falta de claridad institucional, tanto en acciones como en comunicación, lo cual, según el Cohep, ha generado incertidumbre en la población.
Recordaron que el artículo 356 de la Constitución prohíbe al Estado garantizar deudas que no estén debidamente amparadas por la ley, y que cualquier acto contrario acarrearía consecuencias penales, civiles y administrativas. Enfatizaron que aprobar una ley para resolver este caso particular sería ilegal y rompería el principio de igualdad ante la ley.
El Cohep expresó su solidaridad con los afectados, pero insistió en que la solución debe estar enmarcada dentro del respeto a la ley. Alertaron sobre los peligros de establecer precedentes que impliquen el uso de recursos públicos para solucionar conflictos entre particulares, lo que abriría la puerta a múltiples reclamos similares.
