Colombia denuncia amenazas de EE. UU. tras ataques a embarcaciones y comentarios de Trump
Petro califica de “asesinato” los ataques letales de EE. UU. y rechaza acusaciones sobre narcotráfico; Bogotá llama a consultas a su embajador en Washington.
La tensión entre Colombia y Estados Unidos se intensificó por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y los recientes ataques letales contra embarcaciones que, según Washington, transportaban narcóticos. El presidente colombiano Gustavo Petro calificó estos operativos como “asesinatos”, denunciando que entre las víctimas había ciudadanos colombianos inocentes.
El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció otro ataque el domingo contra una embarcación vinculada al Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque no presentó pruebas de su relación con el narcotráfico. En su red Truth Social, Donald Trump advirtió a Petro que debía frenar el tráfico de drogas o Estados Unidos lo haría por él, “y no de manera amable”.
El Gobierno colombiano, a través de la Cancillería, calificó las declaraciones de Trump como una amenaza directa a la soberanía nacional y destacó que 2024 cerró con un récord histórico de incautaciones de cocaína, con 884 toneladas. Petro sostuvo que impulsa la paz y que estas acusaciones son injustas y ofensivas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que los ataques constituyen una intervención ilegal en territorio colombiano. Según informes, buques de guerra, aviones y drones estadounidenses permanecen desplegados en la región con el objetivo declarado de combatir a los cárteles de la droga, mientras que Colombia, aliado histórico de EE. UU., ha recibido en el último año fiscal unos 230 millones de dólares en ayuda, cifra inferior a los años anteriores.
Desde septiembre, se han registrado al menos siete ataques estadounidenses, que habrían dejado 32 muertos, mientras que el ELN niega participación en el tráfico de drogas y se ha ofrecido a cooperar con comisiones internacionales. Petro advirtió que los ataques a ciudadanos inocentes y la muerte de pescadores constituyen violaciones graves del derecho internacional y anunció acciones legales ante tribunales internacionales y estadounidenses.
El Gobierno colombiano planea procesar al sobreviviente de uno de los ataques recientes y mantiene operativos para garantizar la seguridad de sus ciudadanos en las zonas afectadas, al tiempo que denuncia la injerencia directa de EE. UU. en su soberanía nacional.
