CONADEH urge al Estado hondureño a permitir el cambio de nombre por identidad de género
El organismo de derechos humanos señala que la falta de reconocimiento legal vulnera los derechos fundamentales de las personas trans en Honduras.
Tegucigalpa, Honduras- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) ha instado al Estado de Honduras a reformar su legislación para permitir el cambio de nombre por identidad de género, destacando que la negativa a reconocer este derecho niega la existencia legal de las personas trans y limita su acceso a otros derechos fundamentales.
En el marco del IV Ciclo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el CONADEH expresó su preocupación por la situación de derechos humanos en Honduras, particularmente sobre la falta de avances sustanciales en el cumplimiento de recomendaciones internacionales relacionadas con los derechos de la población trans.
El organismo recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia del caso “Vicky Hernández y Otras Vs. Honduras”, ordenó al Estado hondureño reformar su marco legal para garantizar el derecho al cambio de nombre por motivos de género.
A pesar de algunos avances en medidas de reparación, esta sigue siendo una de las obligaciones incumplidas más relevantes, según el informe.
El CONADEH denunció que, desde hace más de tres años, el gobierno trabaja en un protocolo para permitir el cambio de nombre, pero este presenta serias deficiencias. Una de las principales es que está orientado desde un enfoque de seguridad, y no de derechos humanos, centrándose en que el cambio no interfiera en investigaciones judiciales, en lugar de garantizar el derecho en sí mismo.
Además, el protocolo carece de fuerza legal, ya que no forma parte de una reforma a la Ley del Registro Nacional de las Personas. Esto lo convierte en un instrumento fácilmente modificable o desechable, sin brindar garantías duraderas a quienes buscan ejercer este derecho. El CONADEH incluso elaboró un estudio jurídico con recomendaciones al respecto, que no han sido tomadas en cuenta por las autoridades.
En cuanto a los crímenes de odio, aunque el nuevo Código Penal sanciona delitos cometidos por razones de orientación sexual o identidad de género, su aplicación sigue siendo deficiente. El Ministerio Público no realiza investigaciones con enfoque interseccional y ni siquiera incluye estas variables en sus sistemas de cómputo ni en las acusaciones penales.
El CONADEH concluyó su llamado instando al Estado a garantizar el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de las personas trans y de la comunidad LGTBIQ+ en general, mediante reformas legales que permitan el cambio de nombre y una efectiva investigación y sanción de los crímenes motivados por odio.
