Congreso aprueba amnistías en impuestos y servicios hasta septiembre de 2025
La medida beneficiará a miles de hondureños con deudas acumuladas en tributos, energía, agua, telefonía y más.
Tegucigalpa, Honduras- El Congreso Nacional de Honduras aprobó la noche del martes una ampliación en las amnistías fiscales y de servicios públicos, que incluyen impuestos municipales, energía eléctrica, agua potable, telefonía, tránsito vehicular y el seguro social, con el objetivo de aliviar la carga económica de los ciudadanos.
Inicialmente, estas amnistías vencían el 31 de julio, pero a propuesta del jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, se acordó una prórroga hasta el 30 de septiembre de 2025. La extensión permitirá que más hondureños puedan acogerse a la condonación de multas, recargos e intereses derivados de pagos atrasados.
En el caso de la amnistía tributaria municipal, se aplicará a todas las alcaldías del país. Beneficiará a quienes tengan obligaciones fiscales vencidas hasta el 31 de diciembre de 2024, sin importar si se encuentran en etapa administrativa o judicial. Los contribuyentes solo deberán pagar el monto principal adeudado.
La medida también abarca importantes instituciones estatales como el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), el Instituto de la Propiedad (IP) y la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
Tanto personas naturales como jurídicas podrán acceder a estas amnistías. Para hacerlo, deberán acudir a la entidad correspondiente y efectuar el pago del capital pendiente, lo que les exonerará automáticamente de recargos por mora o sanciones adicionales.
La intención del Congreso con esta ampliación es brindar un respiro financiero a los sectores más afectados por la crisis económica, especialmente a quienes han enfrentado dificultades para cumplir con sus obligaciones fiscales y de servicios básicos.
Legisladores de diversas bancadas respaldaron la propuesta, argumentando que la medida no solo favorecerá a las familias hondureñas, sino que también permitirá a las instituciones recuperar parte de los fondos en mora.
