Corte Suprema de EE. UU. autoriza redadas migratorias sin causa razonable en Los Ángeles
La decisión del máximo tribunal reactiva operativos basados en “sospechas” y genera alarma entre comunidades latinas, que denuncian discriminación y temor a detenciones arbitrarias.
Washington, D.C. Estados Unidos.-La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes que agentes federales de inmigración retomen las detenciones en Los Ángeles contra personas sospechosas de estar en el país sin documentos, incluso si no existe causa razonable o evidencia directa. La decisión, que se tomó con seis votos a favor y tres en contra, ha generado una fuerte oleada de reacciones entre organizaciones defensoras de derechos humanos e inmigrantes.
La resolución deja sin efecto una orden judicial previa que bloqueaba temporalmente las redadas masivas en el área metropolitana de Los Ángeles, las cuales habían sido denunciadas por discriminación racial y detenciones arbitrarias basadas únicamente en el aspecto físico, el acento de los individuos o el tipo de trabajo que realizaban.
Según el fallo, las autoridades pueden proceder con operativos siempre que exista una “sospecha razonable” de presencia ilegal. No obstante, la jueza Sonia Sotomayor, quien votó en contra junto a otros dos magistrados liberales, advirtió que la medida abre la puerta a violaciones de derechos fundamentales: “Esta decisión pone en riesgo a miles de personas que han sido detenidas simplemente por parecer latinos o hablar español”.
El fallo representa un espaldarazo para la administración del expresidente Donald Trump, que retomó una agenda migratoria estricta desde su regreso al poder, enfocada en deportaciones aceleradas, eliminación de protecciones migratorias y aumento de presencia policial en ciudades con alta población inmigrante.
Organizaciones como la ACLU y activistas en California ya han convocado protestas y jornadas de información legal para advertir a la comunidad sobre sus derechos. Mientras tanto, la alcaldía de Los Ángeles se pronunció en desacuerdo con la decisión y reiteró que la ciudad mantendrá su política de “santuario” para proteger a sus residentes sin importar su estatus migratorio.
La medida también podría sentar un precedente peligroso para otras ciudades del país, donde millones de migrantes viven, trabajan y contribuyen a la economía. Mientras el caso continúa en tribunales inferiores, miles de familias migrantes enfrentan hoy un panorama de incertidumbre y temor a ser separados de sus seres queridos.
