Crisis silenciosa: más de 35,000 hogares hondureños perderán remesas tras cancelación del TPS
La eliminación del Estatus de Protección Temporal afectará directamente la economía de miles de familias en Honduras, con un impacto estimado de hasta 5,500 millones de lempiras anuales.
La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos hondureños ha encendido las alarmas no solo por sus implicaciones migratorias, sino también por el golpe directo que representará para la economía de miles de hogares en Honduras. A partir del 5 de julio de 2025, más de 54,000 hondureños que vivían y trabajaban amparados bajo este programa perderán su estatus legal, lo que podría reducir de forma drástica su capacidad para enviar dinero a sus familias en el país.
7Un informe especializado estima que al menos 35,000 hogares dependen directamente de las remesas enviadas por tepesianos. De acuerdo con los cálculos, el impacto económico anual de este grupo ronda entre los 162 y 211 millones de dólares, es decir, entre 4,260 y 5,548 millones de lempiras al tipo de cambio actual. Esta cifra representa un aporte significativo al ingreso nacional por remesas, por lo que su disminución tendrá consecuencias en el consumo interno, en especial en zonas donde estas transferencias representan el principal sustento.
Si bien se aclara que no todo el dinero dejará de llegar automáticamente, la realidad es que el cambio de un ingreso legal y estable a uno informal y frágil podría forzar a muchos a reducir sus envíos o incluso a cesarlos del todo. La incertidumbre migratoria y el riesgo de deportación podrían provocar una caída progresiva de estos recursos, afectando rubros esenciales como alimentación, educación, salud y vivienda.
El argumento oficial de la administración estadounidense señala que las condiciones en Honduras ya no justifican la permanencia del TPS. Sin embargo, el impacto humano y económico de esta medida apenas comienza a dimensionarse. El país deberá prepararse para una etapa compleja, en la que miles de familias podrían quedar desprotegidas y con menos herramientas para enfrentar la creciente precariedad económica
