CSJ admite recurso de inconstitucionalidad contra el estado de excepción vigente desde 2022
ASJ cuestiona suspensión prolongada de derechos constitucionales y señala que mayoría de decretos violan la ley y la Constitución hondureña.
Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) notificó este miércoles a la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) la admisión del recurso de inconstitucionalidad que esta organización presentó contra el estado de excepción decretado por el Poder Ejecutivo desde diciembre de 2022.
El recurso, presentado el 5 de febrero por ASJ a través del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), impugna la suspensión de garantías constitucionales establecidas en los decretos ejecutivos emitidos desde el PCM-29-2022 hasta el PCM-30-2025. La ASJ argumenta que estas medidas vulneran derechos fundamentales y contravienen tanto la Constitución como los tratados internacionales suscritos por Honduras.
Entre los derechos suspendidos destacan la libertad de asociación y reunión, la libre circulación y la inviolabilidad del domicilio, autorizando allanamientos sin orden judicial y en cualquier horario. Además, se señala que el estado de excepción ha superado el límite legal de 45 días permitido por la ley, y que solo uno de los 18 decretos cumple con el procedimiento constitucional, por lo que el resto se considera ilegal.
La admisión del recurso fue recibida por la Sala de lo Constitucional, órgano encargado de interpretar la Carta Magna. En representación de ASJ, Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia, y Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia, se presentaron a la CSJ para recibir la notificación.
Para Castañeda, la decisión de la Corte representa un avance importante en la defensa del orden constitucional y la garantía de los derechos ciudadanos. “La prolongación del estado de excepción sin la debida ratificación del Congreso Nacional constituye un acto grave que atenta contra el Estado de derecho en Honduras”, advirtió.
Desde hace más de dos años, la ciudadanía hondureña vive bajo restricciones que no han logrado resultados sostenibles en la reducción del crimen organizado, mientras los derechos fundamentales continúan limitados. La ASJ y diversos organismos nacionales e internacionales esperan que la Sala de lo Constitucional actúe con imparcialidad para restablecer plenamente las libertades y garantías constitucionales para todos los hondureños.
