Cuatro recursos llegan a la Corte contra decreto que ordena recuento electoral
Abogados piden frenar el 58-2025 y que se respete la declaratoria del CNE.
Tegucigalpa, Honduras.– La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió al menos cuatro recursos legales que cuestionan distintas actuaciones vinculadas al decreto 58-2025, aprobado por el Congreso Nacional para ordenar un recuento de votos ya declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Las acciones legales fueron presentadas entre el 10 y el 12 de enero y buscan que se respeten las competencias exclusivas del CNE, así como que se declaren inconstitucionales decisiones adoptadas por el Congreso, incluyendo sesiones convocadas por la comisión permanente.
El primer recurso corresponde a una acción de amparo interpuesta el 10 de enero por el abogado Hermes Ramírez, quien señala que durante la sesión del 8 de enero se adoptaron decisiones que contradicen los resultados oficiales certificados por el ente electoral.
Un día después, el mismo profesional presentó un conflicto de competencias, argumentando que el Congreso Nacional invadió atribuciones que la Constitución reserva exclusivamente al CNE en materia electoral.
El 12 de enero, la abogada Ruth Lafosse, en representación de la plataforma Defensores de Honduras, interpuso una nueva acción de amparo contra una serie de actos que incluyen la instalación y funcionamiento de la comisión permanente, la convocatoria a la sesión del 8 de enero y el bloqueo del acceso al hemiciclo legislativo.
Ese mismo día, los abogados Fernando Gonzales y Leonel Humberto Núñez presentaron una acción de inconstitucionalidad directamente contra el decreto 58-2025, al considerar que viola la Constitución al intentar modificar resultados electorales ya declarados.
Además, un grupo de abogados presentó una denuncia ante el Ministerio Público por presunta usurpación de curules durante la aprobación del decreto.
Hasta el momento, la Sala Constitucional no ha emitido resoluciones sobre estos recursos, mientras el debate legal y político en torno al decreto continúa escalando.
