Estado de excepción en Honduras llega a su fin tras tres años y genera debates sobre seguridad y derechos humanos
Gobierno resalta caída de homicidios; defensores de derechos humanos alertan sobre abusos y falta de soluciones estructurales.
Tegucigalpa, Honduras.– Después de más de tres años y 24 prórrogas, este lunes vence el estado de excepción en Honduras, una medida que, según el Gobierno, ayudó a reducir los homicidios, pero que defensores de derechos humanos califican de fallida y violatoria de garantías constitucionales.
El régimen, aplicado en 226 de los 298 municipios del país desde diciembre de 2022, buscaba frenar la violencia de las maras y pandillas, responsables de asesinatos, extorsiones y amenazas a empresarios y ciudadanos. Según el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, la tasa de homicidios cayó de 42 por cada 100.000 habitantes en 2022 a 23 en 2025, atribuyendo el descenso al Plan Nacional de Solución Contra el Crimen y al estado de excepción.
Sin embargo, analistas como Joaquín Mejía cuestionan la efectividad de la medida, señalando que no hay evidencia técnica que relacione directamente la reducción de homicidios con la restricción de derechos. “Se convirtió en una norma permanente, con violaciones graves y sistemáticas”, apuntó Mejía, al tiempo que urgió al gobierno entrante de Nasry ‘Tito’ Asfura a no prorrogar la medida y a construir una política de seguridad integral y centrada en la ciudadanía.
El Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, dirigido por Daniel Cáceres, reportó más de 1.000 casos de violaciones graves: torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y coacción para obtener confesiones. Cáceres subrayó que el modelo militarizado fracasó y recomendó una transición hacia seguridad policial con enfoque de derechos humanos y de género.
Organismos internacionales, incluyendo la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también han expresado su preocupación por la participación de militares en tareas de seguridad y han instado a adoptar políticas integrales de seguridad ciudadana que respeten los derechos fundamentales.
