Estalla la polémica por propuesta del Ejecutivo de cubrir millonaria estafa con fondos estatales
La iniciativa impulsada por el Ejecutivo para compensar a los afectados por Koriun ha sido calificada de ilegal y riesgosa por diversos sectores del país.
Tegucigalpa, Honduras.- Una fuerte ola de críticas y cuestionamientos ha generado la reciente decisión del Poder Ejecutivo de enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que permitiría utilizar fondos públicos para indemnizar a más de 35 mil personas afectadas por la presunta estafa cometida por la firma Koriun Inversiones.
El anuncio fue realizado por el presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Marcio Sierra, quien aseguró que la instrucción provino directamente de la presidenta Xiomara Castro, en respuesta a la crisis financiera que ha dejado esta red de inversiones ilegales.
“La presidenta ha ordenado que se elabore un proyecto de ley urgente para brindar apoyo económico a las víctimas de Koriun”, declaró Sierra, agregando que se trata de un acto de justicia ante lo que considera una «injusticia económica».
No obstante, el planteamiento ha provocado un inmediato rechazo de diversos sectores de la sociedad hondureña, desde expertos financieros hasta organizaciones empresariales, pasando por exfuncionarios públicos y ciudadanos. La principal crítica gira en torno al uso del erario nacional para cubrir las pérdidas de una operación financiera privada considerada ilegal y fraudulenta.
Falta de supervisión y cuestionamientos éticos
Analistas señalan que el escándalo pone en evidencia una grave falla institucional. La CNBS, responsable de regular el sistema financiero, es señalada por actuar con negligencia, permitiendo que Koriun operara sin los controles debidos.
El exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, recordó que el Ministerio Público ya tenía conocimiento de que la empresa estaba vinculada a estructuras delictivas. “¿Por qué no se incautaron los 400 millones encontrados en cajas? ¿Cómo se asegura que ese dinero fue devuelto a las víctimas? Hay muchas interrogantes sin resolver”, expresó en su cuenta de X (antes Twitter).
Por su parte, el expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, fue tajante al exigir la renuncia de Marcio Sierra como titular de la CNBS, acusándolo de permitir la expansión de esta red fraudulenta y de pretender ahora un “arreglo fuera de la legalidad”.
¿Precedente peligroso?
El debate no solo gira en torno a responsabilidades institucionales, sino al impacto que una medida de este tipo podría tener en las finanzas públicas. El uso de fondos del presupuesto nacional para cubrir estafas privadas, advierten expertos, podría abrir la puerta a futuros reclamos similares, debilitando la confianza en el sistema financiero y afectando la estabilidad fiscal del país.
Voces del sector jurídico también se han sumado al debate, cuestionando la legalidad de una indemnización estatal sin que se hayan agotado primero los procesos de investigación, recuperación de activos y enjuiciamiento de los responsables.
Mientras tanto, las víctimas de Koriun siguen esperando respuestas concretas y justicia real, mientras crece la incertidumbre sobre cómo y con qué recursos se intentará resolver este nuevo capítulo de crisis en Honduras.
