Excoordinador del “Tasón” y empresaria enfrentan requerimiento fiscal por fraude millonario

Excoordinador del “Tasón” y empresaria enfrentan requerimiento fiscal por fraude en licencias de conducir

MP asegura bienes por más de 18.5 millones de lempiras en caso de tarjetas PVC.

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Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) presentó un requerimiento fiscal contra Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador del fideicomiso de la Tasa de Seguridad y representante del COHEP en dicho ente, y contra Liana María Mayorga Castillo, gerente de la empresa Plasticards S.A., quien ya fue capturada.

Ambos son acusados de defraudar al Estado con más de 18.5 millones de lempiras mediante la compra irregular de tarjetas PVC utilizadas para la emisión de licencias de conducir. Los delitos imputados son abuso de autoridad, fraude y lavado de activos.

Según las investigaciones, en diciembre de 2021 la Secretaría de Seguridad adjudicó a Plasticards un contrato por 480 mil tarjetas, aunque la empresa apenas tenía dos meses de existir. En los registros oficiales se reportó el ingreso total, pero en realidad solo llegaron al país 258 mil unidades.

El 22 de enero de 2022, cinco días antes del cambio de gobierno, la Secretaría de Seguridad pagó 18.5 millones de lempiras a Plasticards. Tres días después, la gerente de la empresa transfirió cerca de 17 millones a Inversiones MyM S. de R.L., propiedad de Molina, pese a que como coordinador del “Tasón” tenía prohibido contratar con el Estado.

Las indagaciones revelan además que, aunque el contrato figuraba a nombre de Grupo Plasticards, las tarjetas fueron suministradas por Interamerican Service Unlimited Corp., con sede en Estados Unidos, e importadas a través de la empresa de Molina. Para encubrir las operaciones se habrían utilizado compañías de fachada y el sistema financiero de Estados Unidos y Francia, lo que permitió triangular los fondos.

Como medida cautelar, el Ministerio Público aseguró 7 bienes inmuebles, 2 vehículos, 37 cuentas bancarias y 5 sociedades mercantiles ligadas a los imputados.

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