Fondos bajo lupa: TSC revelará en 30 días manejo financiero de Sedesol
La investigación surge tras la difusión de un video que vincula al ministro Carlos Cardona con el manejo cuestionado de recursos públicos.
Tegucigalpa, Honduras- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) confirmó que en un plazo de 30 días presentará un informe sobre el manejo de fondos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
El portavoz del TSC, Rodolfo Isaula, informó que ya se ha conformado una comisión auditora que será la encargada de realizar una investigación exhaustiva sobre el uso de los recursos públicos por parte de Sedesol. Esta acción responde a la solicitud expresa de la presidenta Xiomara Castro, luego de que se hiciera viral un video donde aparece el ministro Carlos Cardona entregando un cheque, lo que generó sospechas sobre el manejo transparente de fondos.
Según Isaula, el objetivo de la investigación es determinar si existe alguna responsabilidad civil, administrativa o penal, conforme a lo que establece la legislación vigente. El informe será público y formará parte de las acciones de fiscalización impulsadas desde el Ejecutivo.
La presidenta Castro también instruyó a la Secretaría de Transparencia a rendir un informe, en un plazo de 72 horas y mediante cadena nacional, sobre los recursos asignados a Sedesol por el Congreso Nacional a través de la Ley de Presupuesto. Este informe deberá esclarecer cómo se han ejecutado dichos fondos y qué programas han sido financiados con los mismos.
El plazo para la presentación de este segundo informe vence mañana viernes en horas de la mañana. La expectativa gira en torno a si las autoridades cumplirán con la transparencia prometida.
Mientras tanto, la opinión pública permanece atenta al resultado de ambas investigaciones, que podrían tener repercusiones políticas y legales importantes, dependiendo de lo que se logre documentar.
Desde distintos sectores ya se han alzado voces solicitando que se tomen acciones concretas si se confirma el uso indebido de recursos estatales, al tiempo que exigen que el proceso no se vea influenciado por intereses partidarios.
