General Ramiro Muñoz deja el INP entre polémica y declaraciones dramáticas
El oficial fue removido tras un año al frente del sistema penitenciario, defendiendo su gestión con frases grandilocuentes y deslindándose de cualquier orden “ilegal”.
Tegucigalpa, Honduras– El general Ramiro Muñoz fue apartado este martes del cargo de director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), función que asumió en julio de 2023 luego de la masacre de 46 mujeres en la cárcel de Támara. Su salida ocurre en un contexto de tensiones internas y bajo crecientes dudas sobre la verdadera independencia del sistema carcelario frente a las fuerzas militares.
Muñoz, quien defendió su gestión con afirmaciones tajantes como “nadie sobre la tierra me hará cumplir una orden ilegal”, se despidió del puesto con un discurso cargado de solemnidad, pero sin aclarar los motivos de su remoción. En varias ocasiones insistió que no renunció, sino que fue relevado por decisión de quienes lo colocaron en el cargo.
Durante su comparecencia, Muñoz evitó referirse a posibles razones políticas detrás de su destitución, pero reconoció que el puesto era eminentemente político y no debía recaer en un militar. A pesar de afirmar que cumplió con su deber, no detalló resultados concretos sobre la rehabilitación de internos o el combate a la corrupción que mencionó de forma general.
El general justificó su gestión asegurando que ya no se puede hablar de “universidades del crimen” dentro de las cárceles, aunque diversos informes nacionales e internacionales continúan señalando el dominio de maras y pandillas en los centros penitenciarios.
Su discurso se enfocó en remarcar que no tiene vínculos con criminales ni recibió mensajes de parte de ellos, una defensa que, en lugar de aclarar, generó aún más dudas entre quienes esperaban un informe técnico de su trabajo.
Muñoz también hizo comentarios cuestionables al asegurar que “los delincuentes tienen ética” y que “ninguno le ha mandado ni un mensaje”, frase que fue vista como una forma innecesaria de enaltecer a quienes el Estado busca desarticular.
Finalmente, el oficial afirmó que no sabe cuál será su próximo destino dentro de las Fuerzas Armadas y que esa decisión la tomará el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández. Concluyó pidiendo que se reconozca su gestión, aunque sin asumir responsabilidad directa por las fallas estructurales del sistema penitenciario.
