Gobierno amplía estado de excepción por 45 días, pese a críticas de la oposición
El decreto ya fue publicado en La Gaceta y estará vigente hasta el 3 de julio de 2025
Diputados opositores reclaman falta de aprobación legislativa en la extensión de la medida
Tegucigalpa, Honduras- El Poder Ejecutivo oficializó la ampliación del estado de excepción en Honduras mediante su publicación en el diario oficial La Gaceta este viernes. La medida, que se encuentra en vigor desde el pasado lunes 19 de mayo a las 6:00 de la tarde, se extenderá hasta las 6:00 p.m. del jueves 3 de julio de 2025.
Con una duración de 45 días, esta prórroga contempla la suspensión de determinadas garantías constitucionales en zonas identificadas como de alta peligrosidad. El objetivo central es intensificar los operativos contra estructuras criminales y delitos considerados de alto impacto.
Según el gobierno, la extensión del estado de excepción busca reforzar los esfuerzos en materia de seguridad, permitiendo el despliegue de estrategias más firmes y sostenidas para frenar el avance del crimen organizado, así como brindar mayor protección a la población.
La medida se implementa como parte de una política de seguridad que ha sido renovada de forma continua desde diciembre de 2022, bajo el argumento de contener la violencia, extorsión y otros delitos graves que afectan la vida cotidiana de los hondureños.
Sin embargo, la ampliación del decreto ha generado críticas por parte de diputados de oposición, quienes aseguran que el Ejecutivo actuó al margen de la ley al no someter la medida a aprobación del pleno del Congreso Nacional.
Los legisladores opositores cuestionan la legalidad del procedimiento y advierten que la prolongación del estado de excepción sin el visto bueno del Legislativo podría sentar un precedente peligroso para la institucionalidad del país.
Pese a los señalamientos, las autoridades continúan con la implementación del plan de seguridad, alegando que los resultados han sido positivos en la reducción de ciertos delitos, aunque organizaciones de derechos humanos y algunos sectores políticos piden revisar los efectos colaterales de esta medida.
