Honduras acumula deuda de $480 millones con el CAF en menos de tres años
La adhesión al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe ha generado controversias por la legalidad de su aprobación y el creciente endeudamiento del país.
Tegucigalpa, Honduras- Desde su incorporación al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en 2022, Honduras ha contraído préstamos que suman un total de 480 millones de dólares, es decir, más de 12,000 millones de lempiras, lo que ha provocado preocupación por la transparencia y sostenibilidad de estos compromisos financieros.
La adhesión de Honduras al CAF fue oficializada en julio de 2022, y en mayo de 2023 fue aprobada por el Congreso Nacional. No obstante, el acta de dicha sesión no fue ratificada por la Junta Directiva del Congreso, aunque fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta. Este hecho ha sido catalogado por sectores jurídicos como una acción irregular.
Para integrarse al organismo financiero, el país desembolsó 11,500 millones de lempiras. Posteriormente, en agosto de 2024, se autorizó el primer paquete de financiamiento por 350 millones de dólares, distribuido en varios préstamos, tres de los cuales ya cuentan con aprobación legislativa, pese a cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso.
Entre los préstamos destacan 40 millones de dólares para apoyar al sector cafetalero mediante Banadesa, 80 millones para promover la equidad de género y la inclusión de pueblos indígenas y afrodescendientes, y 70 millones dirigidos a infraestructura y servicios en zonas vulnerables.
Además, en 2025 se sumaron otros dos préstamos: uno de 10 millones de dólares para el programa Bono Cafetalero, y otro de 120 millones destinados a fortalecer las políticas de movilidad humana, especialmente para la atención de personas migrantes retornadas al país.
Aunque los fondos buscan impulsar el desarrollo social y económico, analistas advierten sobre el riesgo de un endeudamiento excesivo. El economista Hugo Noé Pino recordó que estos recursos no son donaciones, sino compromisos financieros que el Estado debe saldar a futuro, por lo que llamó a una administración responsable y transparente.
Diversos sectores sociales han expresado inquietud por la falta de claridad en el uso de estos recursos, así como por los procedimientos empleados para su aprobación. Exigen al gobierno garantizar que cada préstamo realmente beneficie a la población y no comprometa la estabilidad financiera del país a largo plazo.
