Honduras asegura $130 millones en financiamiento externo para impulsar agenda social y reformas
El Gobierno asegura financiamiento externo para programas sociales, mientras crecen las dudas por el aumento de la deuda en un contexto electoral.
Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta Xiomara Castro de Zelaya firmó un préstamo por 50 millones de dólares con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), en una reunión sostenida con su presidente, Abdulhamid Alkhalifa. Este financiamiento está destinado a impulsar políticas sociales prioritarias en el marco de las reformas promovidas por el actual gobierno.
El acuerdo forma parte de un paquete de financiamiento total de 130 millones de dólares, que incluye 80 millones otorgados por la Corporación Andina de Fomento (CAF), según confirmó el secretario de Finanzas, Christian Duarte. Los fondos están orientados a proyectos que benefician a mujeres, personas con discapacidad, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, incluyendo programas de empoderamiento y casas hogar. “Este crédito responde a las prioridades de la presidenta Castro, quien ha hecho de los sectores vulnerables un eje de su agenda”, afirmó Duarte.
El préstamo del Fondo OPEP fue calificado como concesional, es decir, con condiciones blandas en comparación con los créditos del mercado internacional. Contempla cinco años de gracia, quince años de plazo para amortización y una tasa de interés aproximada del 6 %, frente a tasas comerciales que oscilan entre el 9 % y el 10 %. Duarte recalcó que estas condiciones representan una alternativa viable para países en desarrollo como Honduras, ante los altos costos de deuda y las limitaciones en recaudación fiscal.
El secretario de Finanzas también señaló que este acuerdo refleja el respaldo de organismos internacionales a la administración de Xiomara Castro. “Estos fondos llegan en condiciones mucho más favorables que las del mercado y permiten sostener de forma responsable los programas sociales y económicos del país”, agregó.
No obstante, el nuevo endeudamiento ha generado preocupación entre sectores críticos que señalan el riesgo de desvío de fondos en un año electoral. Organizaciones y analistas temen que, como en el reciente caso de SEDESOL, el dinero pueda terminar financiando campañas políticas en lugar de los fines sociales prometidos.
