Honduras separa a pandillas en cárceles distintas para frenar violencia y avanzar hacia la reinserción
El gobierno redistribuye a miembros de la MS-13 y Barrio 18 como parte de una nueva política penitenciaria que busca contener enfrentamientos, mejorar la seguridad y rehabilitar a los privados de libertad.
Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de frenar la violencia entre estructuras criminales dentro del sistema carcelario, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) ha comenzado a redistribuir a miembros de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 hacia diferentes centros penitenciarios del país.
El director del INP, Ramiro Muñoz, explicó que esta acción responde a una nueva política de control y seguridad interna que busca poner fin a los enfrentamientos entre organizaciones rivales. La medida también pretende sentar las bases para un proceso real de reeducación y reintegración de los privados de libertad.
“La idea es ubicar a cada pandilla en centros distintos y dentro de ellos, separar a los líderes de la base. Esto reduce los incentivos para traficar armas o fomentar violencia desde el interior de las cárceles”, aseguró Muñoz. Para el funcionario, aislar a las estructuras criminales impide que usen los penales como zonas de influencia o de conflicto.
Esta estrategia se enmarca en las disposiciones del decreto de emergencia (PCM) que autoriza la intervención del sistema penitenciario nacional, el cual incluye mejoras estructurales y programas de rehabilitación.
Según Muñoz, la situación de las cárceles era crítica. Señaló que recintos como La Tolva carecían de módulos funcionales de máxima seguridad y que Támara presentaba instalaciones deterioradas, lo que aumentaba los riesgos de violencia entre los internos. “Había módulos enfrentados directamente entre pandillas. Eso era insostenible”, advirtió.
En respuesta, el INP ha intervenido varios penales. Entre las obras más destacadas se incluyen mejoras en El Porvenir (La Ceiba), la construcción de nuevos espacios en La Tolva, trabajos en el centro penal de Siria y la rehabilitación de las instalaciones de alta seguridad en Támara.
El objetivo final, señaló Muñoz, es transformar las cárceles en espacios donde prevalezca la seguridad y se promueva la reinserción. “No podemos seguir permitiendo que los centros penales sean campos de batalla. Estamos comprometidos con un sistema que proteja, rehabilite y controle”, concluyó.
