Imputados por millonario fraude en la red sanitaria seguirán proceso en libertad
Juez dicta medidas sustitutivas a 32 implicados, incluyendo a una diputada, acusados de desviar más de 77 millones de lempiras destinados a la salud pública.
Tegucigalpa, Honduras- Un total de 32 personas, entre ellas una diputada del Congreso Nacional, han sido beneficiadas con medidas sustitutivas tras ser señaladas de participar en una red de corrupción que desvió más de 77.9 millones de lempiras de la Secretaría de Salud. Los imputados deberán continuar el proceso judicial en libertad, según dictó un juez competente el pasado fin de semana.
El caso, considerado uno de los mayores escándalos recientes en el sistema sanitario hondureño, involucra a exfuncionarios, directores, administradores y personal de varios centros de salud, principalmente de la zona sur del país. Se les acusa de haber suscrito contratos fraudulentos con empresas fantasma, desviando fondos públicos destinados al abastecimiento médico y funcionamiento de la red hospitalaria.
Según la investigación del Ministerio Público, los acusados cometieron delitos de fraude mediante la elaboración y pago de contratos simulados. La mayoría de estos convenios fueron adjudicados a empresas sin registro legal ni capacidad operativa, usadas como fachada para saquear recursos estatales.
Durante la audiencia de declaración de imputados, el juez determinó que no procedía la prisión preventiva, y en su lugar otorgó medidas sustitutivas como la prohibición de salir del país, la obligación de firmar periódicamente en los juzgados y mantenerse bajo vigilancia judicial.
Este fallo ha generado un fuerte malestar en la opinión pública y entre sectores sociales, al considerar que se está permitiendo impunidad en un caso que afecta directamente a la población más vulnerable. Los recursos defraudados estaban destinados a mejorar las condiciones del sistema de salud, especialmente en regiones donde la precariedad es extrema.
El Ministerio Público reiteró su compromiso con la investigación, anunciando que el caso no está cerrado y que se continuará con el seguimiento de la ruta del dinero, así como la identificación de otros posibles responsables, tanto internos como externos.
La audiencia inicial quedó programada para los próximos días, donde el ente acusador solicitará que se eleve la causa a juicio. Mientras tanto, organizaciones de sociedad civil exigen mayor firmeza del sistema judicial ante delitos contra los intereses del pueblo hondureño.
