Juez dicta auto de formal procesamiento para seis implicados en el caso «Helios»

Acusados de fraude, lavado de activos y falsificación de documentos públicos enfrentan medidas cautelares

Tegucigalpa, Honduras .-. Un juez de Letras, durante una audiencia inicial, dictó auto de formal procesamiento para seis personas implicadas en el caso denominado «Helios», acusados de cometer diversos delitos, entre ellos fraude, lavado de activos y falsificación de documentos públicos. La audiencia se desarrolló este viernes, donde el juez impuso medidas cautelares a los encausados.

Harvis Edulfo Herrera Carballo fue imputado por fraude y se le dictó prisión preventiva, al igual que Eusebio Noel Rodas Flores, quien enfrenta cargos por fraude y lavado de activos. Óscar Alberto López Escalante también fue procesado por lavado de activos y permanecerá en prisión preventiva.

Keyla Julissa Palma Ramos, acusada por fraude y lavado de activos, quedó con arresto domiciliario bajo vigilancia policial. Por otro lado, los abogados y notarios Carlos Rubén López Oliva y María Maldonado Orellana, procesados por falsificación de documentos públicos, fueron beneficiados con medidas sustitutivas a la prisión. Ambos deberán presentarse cada 15 días a firmar en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia y tienen prohibido salir del país.

El requerimiento fiscal inicialmente también acusaba a todos los imputados del delito de asociación para delinquir, pero el juez decretó sobreseimiento definitivo para este ilícito. Los acusados tienen la opción de apelar esta decisión si consideran que no están conformes con la resolución.

Según el Ministerio Público, los seis implicados, junto con un diputado del Parlamento Centroamericano (quien no ha sido capturado), diseñaron varias empresas para cobrar más de 143 millones de lempiras, mediante la emisión de 144 cheques relacionados con publicidad y comunicaciones. Estos cheques fueron cobrados y depositados en las cuentas bancarias de los imputados. Las investigaciones revelan que los fondos fueron utilizados para fines distintos a los establecidos, con hechos ocurridos entre 2016 y 2017, cuando los acusados ocupaban cargos en Casa Presidencial y en el Instituto de la Propiedad. La Fiscalía también señaló que las sociedades involucradas carecían de registros contables y documentación soporte adecuada para las actividades y contratos de publicidad.