Justicia argentina ordena extradición del exsenador Edgardo Kueider por lavado de activos y contrabando
La causa está vinculada a la investigación “Securitas” sobre coimas a funcionarios y el uso de fondos ilícitos para inversiones inmobiliarias en negocios vinculados a Kueider.
Buenos Aires, Honduras.- La justicia argentina ordenó este martes la extradición del exsenador Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, quienes se encontraban bajo arresto domiciliario en Asunción tras haber sido detenidos en diciembre de 2024 con más de 200.000 dólares sin declarar al ingresar a Paraguay.
La medida fue ejecutada de inmediato por la Policía paraguaya, luego de que el juez Rolando Duarte aprobará la solicitud de la fiscal Matilde Moreno. Con esto, se da inicio al proceso judicial por presunto lavado de activos y contrabando de divisas en Argentina.
La orden de extradición se emitió un día antes de la audiencia preliminar que sería presidida por el juez paraguayo Humberto Otazú. Agentes policiales llegaron a la residencia donde Kueider y Guinsel Costa cumplían arresto domiciliario desde que fueron interceptados en el Puente de la Amistad, que conecta Brasil y Paraguay.
Durante el operativo, las autoridades encontraron dinero en efectivo sin respaldo documental que justificara su traslado legal. La investigación sostiene que ambos integraban una red que lavaba dinero ilícito mediante operaciones financieras y adquisiciones de bienes, en complicidad con terceros y las empresas Betail S.A. y Edekom S.A.
Según la Fiscalía, las maniobras se remontan a 2017 e implican el uso del sistema financiero internacional, activos virtuales y compra de propiedades y vehículos. La acusación está agravada por su condición de funcionarios públicos.
En total, transportaban 211.102 dólares, 646.000 guaraníes y 3,9 millones de pesos argentinos sin declarar, lo que viola la legislación aduanera de Paraguay. La Dirección Nacional de Aduanas confirmó en abril el decomiso del dinero y del vehículo, catalogándolos como contrabando.
Kueider también enfrenta otro proceso judicial en Argentina por presunto enriquecimiento ilícito y cobro de sobornos cuando fue director de la empresa estatal de electricidad Enersa entre 2017 y 2019. En diciembre de 2024, el Senado lo expulsó por «inhabilidad moral».
