Más de 55 mil hondureños en EE.UU. enfrentan incertidumbre por posible fin del TPS
El programa de protección migratoria podría ser cancelado por el presidente Donald Trump, lo que pondría en riesgo la permanencia legal de miles de hondureños.
EE.UU.- Unos 55,000 hondureños residentes en Estados Unidos se encuentran en un estado de incertidumbre ante la posible cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS), cuya renovación o suspensión será definida el próximo 5 de julio.
La preocupación crece entre los beneficiarios de este programa, especialmente después de que la administración del presidente Donald Trump anunciara recientemente la cancelación del TPS para más de 520,000 ciudadanos haitianos, dejándolos sin protección para residir y trabajar legalmente en el país.
Hasta el momento, no se ha emitido una decisión oficial respecto al futuro del TPS para Honduras, y el gobierno estadounidense ha mostrado una postura clara de restringir este tipo de beneficios, como parte de su política de cero tolerancia hacia la migración.
El programa fue otorgado a los hondureños en 1998 como respuesta humanitaria tras la devastación provocada por el huracán Mitch, y desde entonces ha permitido a miles de familias establecerse legalmente en EE.UU. Muchos de ellos han vivido por más de dos décadas bajo este estatus.
Una eventual cancelación del TPS por parte de Trump afectaría profundamente a las familias que han construido sus vidas en Estados Unidos, muchas de las cuales podrían verse separadas. La incertidumbre se agudiza tras un fallo reciente de la Corte Suprema en mayo, que permitió al gobierno continuar con la eliminación del TPS para ciudadanos venezolanos.
Durante su primer mandato, Trump ya había intentado cancelar este estatus para diversos países, incluyendo Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Nepal y Sudán. El temor se ha reactivado entre estas comunidades, quienes ahora temen ser las siguientes en perder su protección migratoria.
Organizaciones de migrantes y defensores de derechos humanos han solicitado al Congreso y a la Casa Blanca considerar una solución permanente para quienes han aportado al desarrollo del país durante años. La fecha del 5 de julio será decisiva para el futuro de decenas de miles de hondureños.
