OABI despliega equipos para apoyar retorno de fondos a afectados por esquema financiero fraudulento
La acción forma parte del proceso judicial contra Koriun Inversiones, tras ser señalada de operar bajo un modelo piramidal sin autorización legal.
Tegucigalpa, Honduras- Seis brigadas de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) fueron asignadas para colaborar en las diligencias que buscan restituir el dinero a miles de personas perjudicadas por Koriun Inversiones, una empresa investigada por captar fondos mediante un sistema fraudulento.
Las autoridades hondureñas intensifican las acciones legales contra la empresa Koriun Inversiones, señalada por operar sin respaldo legal y prometer beneficios financieros irrealistas. Ante esta situación, la OABI ha conformado seis equipos especializados, integrados por cinco personas cada uno, que trabajarán junto al Ministerio Público para coordinar el reembolso gradual a los afectados.
De acuerdo con Marco Antonio Zelaya, titular de la OABI, la entrega del dinero se realizará por etapas, iniciando con los inversionistas que aportaron montos más bajos. Esta medida se toma en medio de una amplia investigación que involucra más de 35,000 personas, muchas de ellas desempleadas o adultos mayores que vieron en la empresa una oportunidad de ingreso.
Durante los allanamientos realizados en distintas sedes de la empresa y en viviendas particulares, las autoridades incautaron grandes sumas de dinero en efectivo: más de 233 millones de lempiras y 213 mil dólares. Dichos fondos serán utilizados para cubrir las devoluciones a las víctimas, según confirmó el Ministerio Público.
La empresa ofrecía a sus clientes una rentabilidad semanal del 5%, lo cual levantó sospechas al no contar con autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Las investigaciones revelan que se trataba de una estructura tipo pirámide, similar a otros esquemas fraudulentos conocidos internacionalmente.
En respuesta a la crisis generada, el fiscal general Johel Zelaya ha sostenido reuniones de emergencia con representantes de la CNBS y la OABI, con el objetivo de encontrar soluciones rápidas y transparentes que permitan resarcir el daño económico causado.
Por su parte, el alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli, expresó su alarma por el impacto social del caso, asegurando que más de 20,000 habitantes de ese municipio fueron víctimas del engaño, algunos de ellos con inversiones que superan los ocho millones de lempiras.
Las autoridades han reiterado su compromiso de garantizar justicia para las personas afectadas y de continuar con las investigaciones para identificar a todos los responsables de este esquema de estafa masiva.
