Preocupación por el futuro de la educación especial tras medidas del Departamento de Educación de EE.UU.
Padres y defensores temen que los recortes afecten negativamente a estudiantes con discapacidades.
EE.UU.- La reciente decisión del Departamento de Educación de Estados Unidos de reducir su personal en un 50% ha generado inquietud entre familias y activistas, quienes advierten sobre posibles impactos adversos en la educación de niños con necesidades especiales.
La administración del presidente Donald Trump ha iniciado acciones para desmantelar el Departamento de Educación, comenzando con la firma de un decreto que busca transferir la autoridad educativa a los estados. Aunque el cierre completo de la agencia requiere aprobación del Congreso, ya se han anunciado despidos masivos que afectan a casi la mitad de los empleados.
Entre las áreas más afectadas se encuentra la Oficina de Derechos Civiles (OCR), encargada de investigar denuncias de discriminación en instituciones educativas. La reducción de personal en esta oficina podría limitar su capacidad para atender casos relacionados con estudiantes con discapacidades, generando preocupación entre padres y defensores.
Keri Rodrigues, cofundadora de la Unión Nacional de Padres y madre de cuatro niños con necesidades especiales, expresó su temor de que la eliminación del Departamento de Educación y su OCR deje a los padres sin recursos cuando las escuelas no traten a sus hijos de manera justa. Rodrigues recordó una ocasión en que presentó una queja ante el departamento porque su hijo de 6 años, con autismo, era suspendido constantemente de la escuela y el personal ignoraba su Programa de Educación Individualizado. Aunque el departamento no llegó a intervenir, el distrito escolar atendió sus preocupaciones.
La administración Trump ha argumentado que la supervisión de la educación debe regresar a los estados y a los padres. Sin embargo, críticos advierten que esta medida podría perjudicar a estudiantes de bajos ingresos, rurales y con discapacidades, al eliminar una fuente clave de financiamiento y supervisión. El Departamento de Educación canaliza más de 18.000 millones de dólares anuales en fondos suplementarios a distritos escolares locales para apoyar a estudiantes en áreas de alta pobreza.
Además, el departamento proporciona más de 15.000 millones de dólares anuales para ayudar a 7,4 millones de estudiantes a través de la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA). La incertidumbre sobre el futuro de estos fondos y programas preocupa a las familias que dependen de ellos para garantizar una educación adecuada para sus hijos.
La secretaria de Educación, Linda McMahon, ha sido instruida para tomar «todas las medidas necesarias» para facilitar el cierre del departamento y devolver la autoridad educativa a los estados. Sin embargo, persisten dudas sobre cómo se gestionarán funciones críticas como los préstamos estudiantiles federales y la administración de subvenciones durante esta transición.
En medio de este panorama, padres y defensores de la educación especial continúan alzando la voz, buscando asegurar que los derechos y necesidades de los estudiantes con discapacidades no sean pasados por alto en las decisiones políticas que redefinirán el sistema educativo estadounidense.
