Divergencias por asignaciones presupuestarias y presunta compra de votos generan un estancamiento en la aprobación del presupuesto, que podría extenderse hasta enero de 2025.
Tegucigalpa, Francisco Morazan .-. La aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2025 continúa paralizada en el Congreso Nacional, ante la ausencia de consensos y los votos necesarios. Por tercer día consecutivo, las sesiones legislativas se han desarrollado en medio de denuncias de supuesta compra de voluntades y ofrecimientos de bonos a diputados, lo que ha intensificado la postura crítica de las bancadas opositoras.
El presupuesto proyectado asciende a 430,907.8 millones de lempiras, de los cuales L266,667.6 millones están destinados al gobierno central y L164,240.2 millones a la administración descentralizada. Sin embargo, el dictamen del proyecto, compuesto por 197 páginas, se ha manejado con extrema secretividad por parte de la Comisión de Presupuesto del Congreso, lo que ha generado descontento en la oposición.
Diputados de diferentes partidos opositores han denunciado el desconocimiento de puntos clave del presupuesto y han señalado que el Ejecutivo prioriza asignaciones elevadas a instituciones de poca relevancia, mientras se recortan fondos para áreas esenciales.
“Todavía no hemos llegado a los acuerdos ni a los consensos. Hoy hubo un avance significativo porque finalmente, a las 7:20 de la mañana, la bancada del PSH recibió el dictamen”, comentó la diputada Fátima Mena, del Partido Salvador de Honduras (PSH). Sin embargo, criticó que el gobierno no muestra disposición para abrir los números y discutir las asignaciones de manera equitativa.
Desde el Partido Nacional, la diputada Johana Bermúdez subrayó que “nos mantenemos firmes en nuestra posición: queremos que se otorgue el 11% del presupuesto a las alcaldías para fomentar el trabajo. No podemos permitir asignaciones de 500 millones de lempiras a un ministro que se dedica a difamar y amedrentar a la oposición”.
Por su parte, Maribel Espinoza, diputada del Partido Liberal, calificó de apresurado el proceso para aprobar un presupuesto de tal magnitud: “Hasta las 10:34 de la noche recibí el dictamen en mi teléfono, y desde entonces comenzamos a estudiarlo. No podemos aprobar a matacaballo un instrumento de desarrollo que refleja la visión del gobierno actual, cuando desde el Congreso tenemos la facultad de modificarlo y establecer prioridades”.
Las mayores discrepancias giran en torno a los elevados montos asignados a la Secretaría de Planificación Estratégica y la falta de un presupuesto claro para el Consejo Nacional Electoral (CNE), necesario para garantizar las elecciones generales. La propuesta del oficialismo incluye estos fondos en la denominada “partida confidencial”, cuya asignación supera los 12,000 millones de lempiras, una decisión que la oposición rechaza categóricamente.
Asimismo, los ajustes salariales para los docentes no están contemplados en el presupuesto de la Secretaría de Educación, sino que se incluyen en la partida 449, administrada directamente desde Casa Presidencial. Esta falta de claridad ha generado malestar entre los sectores educativos y la sociedad civil.
A medida que las bancadas opositoras se mantienen firmes en su postura de no aprobar el proyecto, diversos sectores coinciden en que el presupuesto para 2025 podría quedar aprobado hasta enero del próximo año. La oposición exige que se tomen en cuenta sus propuestas para garantizar un presupuesto equilibrado que responda a las necesidades reales del país, priorizando áreas esenciales como educación, salud y las elecciones generales.
