Regidor de Santa Lucía es sobreseído tras acuerdo judicial por estafa a una mujer
El juez dictó sobreseimiento definitivo a Marvin Wong González tras la conciliación y el pago de más de un millón de lempiras a la víctima, quien fue afectada por el incumplimiento en la construcción de su vivienda.
Tegucigalpa, Honduras- El regidor del municipio de Santa Lucía, Marvin Humberto Wong Gonzáles, fue beneficiado con un sobreseimiento definitivo por parte de un juez tras enfrentar acusaciones de estafa agravada en perjuicio de una dama. Wong fue arrestado el 4 de abril de 2025, en cumplimiento de una orden de captura por su supuesta participación en el delito relacionado con un contrato de construcción.
La denuncia se originó cuando la víctima, quien había contratado a Wong, en su calidad de representante de la empresa Inversiones de Construcciones Múltiples Hondureñas S. de R.L. (IDECOMH), para la construcción de su vivienda en Residencial Prado Verde, no recibió la obra acordada dentro del plazo estipulado. A pesar de haber solicitado un préstamo a una entidad financiera y realizar varias transferencias por un total superior a 700 mil lempiras, la construcción no avanzó, lo que motivó a la afectada a presentar la denuncia.
En el proceso judicial, la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEP-CAM) promovió una audiencia de conciliación, logrando recuperar más de un millón de lempiras para la afectada. Este monto servirá como compensación por los daños sufridos debido al incumplimiento del contrato.
El juez, al concluir que la situación había sido resuelta mediante la conciliación y el pago correspondiente, dictó el sobreseimiento definitivo del caso. Por otro lado, las investigaciones continúan en cuanto a las operaciones de la empresa del acusado, fundada en 2014, en la que se especifica que estaba destinada a realizar construcciones civiles y administrar proyectos.
El caso pone de manifiesto la importancia de los mecanismos de resolución de conflictos en el sistema judicial, así como el compromiso de las autoridades por garantizar la restitución de derechos en situaciones de fraude y abuso.
