Sala Constitucional admite recurso en favor de reos trasladados a otras cárceles
Más de 5,000 privados de libertad serán objeto de revisión judicial tras denuncias de violaciones a sus derechos y condiciones inhumanas.
Tegucigalpa, Honduras- La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un recurso de habeas corpus a favor de casi 6,000 reclusos trasladados recientemente a distintos centros penales del país por órdenes del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
En la resolución, se ordena el nombramiento de jueces ejecutores para investigar las condiciones en las que se encuentran los privados de libertad, en respuesta a las denuncias planteadas en el recurso, principalmente relacionadas con salud, hacinamiento y trato inhumano.
La subdirectora del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), Alba Mejía, celebró la decisión del máximo tribunal, destacando que la población penitenciaria también merece justicia. “Esta sala nos da esperanza, tanto a quienes están dentro como fuera de las cárceles”, expresó.
Mejía pidió al INP acatar las instrucciones que emitirán los jueces ejecutores, especialmente en temas de salud física y mental, y urgió la implementación de protocolos médicos, mejores condiciones carcelarias y programas de desinternamiento como alternativa a la reclusión.
Asimismo, criticó el hacinamiento extremo que viven muchos reos, situación que afecta gravemente a personas con discapacidad visual o enfermedades crónicas, quienes sobreviven en condiciones que calificó como “inhumanas”. “¿Qué gana el Estado matando lentamente a una persona enferma en prisión?”, cuestionó.
Desde el pasado 21 de mayo, la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, liderada por el general Ramiro Fernando Muñoz, inició el traslado masivo de reclusos. Un total de 5,476 personas —5,381 hombres y 95 mujeres— fueron reubicadas según su perfil jurídico, edad, género, origen étnico, y estado de salud.
Sin embargo, la medida ha generado controversia por las denuncias de violaciones a los derechos humanos, ya que algunos reclusos fueron colocados en espacios reducidos tipo jaula, lo que ha elevado la preocupación por su bienestar.
El INP también enfrenta cuestionamientos tras el hallazgo de armas, drogas, equipo táctico y más de 400 mil lempiras en efectivo ocultos en una caleta en la cocina del Módulo de Sentenciados 1 en la cárcel de Támara. El general Muñoz aseguró que no permitirán que estructuras criminales sigan operando desde las cárceles.
