SENACIT bajo fuego por compra de laptops a constructora sin experiencia tecnológica
Irregular adquisición de 496 computadoras por L12.5 millones fue adjudicada a una empresa constructora, con precios inflados y sin criterios técnicos; Transparencia sugiere remitir el caso al TSC.
Tegucigalpa, Honduras- El Ministerio de Ciencia y Tecnología (SENACIT), liderado por el doctor Luther Castillo, se encuentra en el centro de una polémica tras adjudicar la compra de 496 computadoras portátiles a una empresa constructora por un valor de 12.5 millones de lempiras. La adquisición, marcada por inconsistencias, fue denunciada por la Secretaría de Transparencia y ya ha sido recomendada para investigación ante el Tribunal Superior de Cuentas.
La compra fue adjudicada a la empresa Dicomarca (Diseños y Construcción de Obras Civiles Marca S. de R. L.), una firma sin historial comprobado en el rubro tecnológico. De hecho, la compañía tiene registros de participación en proyectos de infraestructura como alcantarillado sanitario en Choloma. La licitación fue otorgada pese a que la propuesta económica de Dicomarca era la segunda más alta, con un precio unitario de 25,200 lempiras por computadora, mientras que otra empresa ofertó equipos similares por tan solo 6.5 millones.
El caso, revelado inicialmente por el medio digital ICN, ha sido confirmado por un informe de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (STLCC), que documenta múltiples irregularidades en la licitación pública nacional LPN-IHCIETI-FC-004-2025. El informe indica que hubo una evaluación sesgada, precios excesivos y adjudicación sin respaldo técnico suficiente.
Según SENACIT, las demás empresas fueron descalificadas por no comprometerse a entregar en 20 días, pero el informe de Transparencia desmiente la urgencia, ya que el tiempo de entrega no formaba parte de los criterios evaluados. La falta de justificación para dicha prisa contradice principios básicos de las compras estatales, como la equidad y la idoneidad.
La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) encontró varias fallas: desde una demanda inflada de computadoras sin justificación técnica, participación de una empresa fuera del giro comercial, hasta una comisión evaluadora incompleta. Estos elementos, según el informe, contravienen la Ley de Contratación del Estado, la Ley de Presupuesto y el Código de Ética del Servidor Público.
El diputado José Manuel Matheu calificó de «robo claro» el sobreprecio de más de seis millones de lempiras por elegir una oferta acelerada. «¿Qué urgencia había?», cuestionó, señalando que se entregó el contrato a una compañía que nunca había suministrado computadoras. Por su parte, la ASJ, a través de su director Juan Carlos Aguilar, subrayó que las fallas reflejan una posible colusión que debe ser investigada por el TSC y el Ministerio Público.
El ministro Luther Castillo defendió la adquisición mediante un comunicado y un video con inteligencia artificial, alegando que la empresa acreditó experiencia en tecnología desde 2015. Sin embargo, la documentación no convenció a la Secretaría de Transparencia, que recomendó remitir el expediente al TSC para que se determinen responsabilidades administrativas, civiles o penales. La ciudadanía, mientras tanto, sigue exigiendo respuestas sobre el uso adecuado de los fondos públicos.
